El fiscal anticorrupción Jorge Arce dio un plazo de ocho días hábiles, el cual empezó a correr desde el día en que se hicieron los allanamientos en las sedes de la previsional, para que las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) remita los documentos solicitados por el Ministerio Público, en el marco de la causa abierta para investigar los supuestos hechos punibles cometidos durante la gestión de Vicente Bataglia.
El pasado jueves 12 de octubre de 2023, un equipo integrado por varios fiscales realizó los procedimientos en la prosecución de las investigaciones sobre las licitaciones llevadas a cabo por el organismo en la anterior gestión.
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Para el Ministerio Público, es prioritario acceder a los documentos respaldatorios de estos trámites.
Los representantes de la Gerencia de Administración y Logística de la Dirección de Servicios Administrativos del IPS habían solicitado un plazo prudencial para la remisión de las documentaciones relacionadas al legajo completo de funcionarios y la Guía de Normas y Procesos para Ejecución del Presupuesto General, correspondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
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También se pidió la planilla de saldos de tarjetas Petropar, correspondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023; registro de viajes realizados con móviles asignados al Consejo de IPS en el mes de octubre de 2022 (con su respectivo pedido vía correo institucional), entre otros.
Auditoría de la Contraloría General de la República
En agosto pasado, la Contraloría General de la República reveló que la previsional no cuenta con los documentos respaldatorios en regla de pagos realizados por más de G. 1 billón, que fue lo más llamativo para los auditores, además del faltante de los miles de muebles.
También se descubrió que existen bienes que sufren deterioro y depreciación por no ser utilizados para los fines para los que se adquirieron.
Se detectaron, además, varias irregularidades en la evaluación financiera del IPS, cuyos resultados se encuentran en uno de los 10 tomos del Informe y Dictamen que se presentó ante el Congreso Nacional y que incluye más de 4.000 evaluaciones financieras.
En su momento, el contralor Camilo Benítez había señalado que, en la auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), sobre la millonaria deuda de la previsional con los proveedores, se desprende también una diferencia importante en el monto entre lo que figura en el balance del IPS y lo que las empresas farmacéuticas dicen que se les debe.
