La Fiscalía se encuentra realizando en la mañana de este jueves dos allanamientos en simultáneo tanto en la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS) como en su sede de Boquerón, en Asunción, en el marco de las irregularidades que fueron reportadas en un informe de la Contraloría General de República (CGR).
Los procedimientos están a cargo de un equipo de fiscales ―conformado por Diego Arzamendia, Rodrigo Estigarribia, Néstor Coronel, Jorge Arce y Luis Piñánez― y se realizan tras la denuncia que presentó el actual presidente de la previsional, Jorge Brítez, tras acceder al informe de la CGR.
Néstor Coronel explicó a través de Monumental 1080 AM que en su caso está abocado a la cuestión del patrimonio del IPS, por lo que incautará todas las documentaciones que guarden relación con el listado de 9.355 bienes con valores millonarios, que figuran como faltantes y que incluso fueron adquiridos en periodos demasiado anteriores.
“Lo que queremos es tratar de individualizar dónde tiene que estar cada uno. Estamos hablando de bienes que datan de mucho tiempo atrás, que se adquirieron en el 70, 80, que fueron a parar en las distintas dependencias. Son todo tipo de bienes, como muebles, teléfonos, monitores, computadoras. Hay una gran gama de bienes”, detalló.
Señaló que para este caso los tipos penales que se podrían atribuir son lesión de confianza, hurto, apropiación, entre otros, aunque sostuvo que esto aún tiene que ser estudiado de acuerdo con cada caso, principalmente para determinar cuál fue la administración responsable.
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Mientras tanto, señaló que si bien es una sola causa, sus colegas investigan las demás irregularidades que tienen que ver con pagos por las obras del IPS Ingavi; obras que estaban certificadas y hasta pagadas, pero que no fueron ejecutadas, compra de combustible, además de licitaciones que figuran en estado desconocido.
Señaló que lo que se refiere a licitaciones de obras que no avanzaron está a cargo de Estigarribia y Piñánez, mientras que el tema de combustibles será investigado principalmente por Arzamendia y Arce.
En agosto pasado, tras la exigencia de la CGR al IPS, se reveló que la previsional no cuenta con los documentos respaldatorios en regla de pagos realizados por más de G. 1 billón, que fue lo más llamativo para los auditores, además del faltante de los miles de muebles. También se descubrió que existen bienes que sufren deterioro y depreciación por no ser utilizados para los fines para los que se adquirieron.
Se detectaron, además, varias irregularidades en la evaluación financiera del IPS, cuyos resultados se encuentran en uno de los 10 tomos del Informe y Dictamen que se presentó ante el Congreso Nacional y que incluye más de 4.000 evaluaciones financieras.
En su momento, el contralor Camilo Benítez había señalado que, en la auditoría de Fiscalización Especial Inmediata (FEI), sobre la millonaria deuda de la previsional con los proveedores, se desprende también una diferencia importante en el monto entre lo que figura en el balance del IPS y lo que las empresas farmacéuticas dicen que se les debe.
