Después de dos años y siete meses del crimen del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, la Fiscalía General de la República sigue aplazada. El organismo par de Colombia dio muestras de rapidez y eficiencia, y los autores materiales del hecho ya están condenados. El reciente asesinato del considerado cerebro y testigo clave del crimen del fiscal, en una cárcel colombiana, profundiza aún más la inacción y aporta incluso más preguntas sin respuestas. Necesitamos con urgencia señales del accionar de la Fiscalía paraguaya.
Correa era considerado como el cerebro detrás del crimen de Pecci, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en las playas de Barú, cuando se encontraba de luna de miel, y en sus declaraciones había apuntado al ex presidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán, alias Tío Rico, como supuestos autores morales. Recordemos que fue condenado a una pena de seis años y seis meses de prisión.
En este caso también habían sido condenados por la Justicia colombiana: Margareth Lizeth Chacón, a 39 años y 10 meses de cárcel, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, a 25 años y 6 meses de prisión, por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal; el sicario venezolano Wendre Still Scott, Eirson Arrieta Zabatela, Marisol Londoño Bedoya y Cristhian Monsalve Londoño enfrentan una pena de 23 años y seis meses por su participación en el homicidio.
En el Paraguay, sin embargo, se ha tenido un nulo avance en la investigación para encontrar a los responsables intelectuales del crimen de Marcelo Pecci. La Fiscalía General en nuestro país no ha exhibido indicios de que la investigación pueda dar con los autores morales y de hecho que en nuestro país nadie está procesado por el caso. El año pasado incluso el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, seguía insistiendo con la versión de que el nulo avance de la investigación se debía que las autoridades de Colombia no remitían información clave. Desde Paraguay habían solicitado, entre otras cosas, las pesquisas de una notebook y un celular de Luis Correa Galeano, principal articulador del crimen y hoy fallecido.
Con el asesinato de un testigo clave nos encontramos, sin duda, en un nuevo escenario. Según la abogada Cecilia Pérez, representante legal de la familia de Marcelo Pecci, la muerte de Correa forma parte de una “quema de archivo”, teniendo en cuenta las informaciones que brindó y que permitieron las detenciones y condenas por el crimen. Y subrayó que “es un mensaje claro para los que se animan a hablar más adelante”.
Por su parte, la familia Pecci Albertini, en un contundente comunicado expresó su temor a la impunidad. “Más grande aún es el temor que deliberadamente se esté dejando pasar el tiempo mientras que tan grave hecho va quedando en el olvido”, manifestaron los familiares, quienes consideran que una omisión para dar con los autores intelectuales del crimen representaría “complicidad y culpabilidad”.
Esclarecer este caso es de suma importancia para nuestro Estado de derecho y sistema democrático, pues es inaceptable tener que rendirse ante la sospecha de que los tentáculos de la mafia, el crimen organizado y el narcotráfico han inficionado nuestras instituciones. En tiempos en que se habla de la “gobernanza criminal”, que es la forma en que los grupos criminales someten a la ciudadanía y al Gobierno al miedo, imponiendo reglas y condicionando a las instituciones.
El Ministerio Público debe mostrar más eficiencia y más compromiso, dejar de alegar excusas y pretender desplazar la culpa de la inacción a las autoridades de otro país. Esclarecer quién dio la orden para el crimen de un fiscal paraguayo, especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, debería ser una prioridad.
