La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, anunció la conformación de un equipo de agentes fiscales para la investigación de hechos que pudieran tener relevancia penal y que se mencionan en el informe final del examen especial a la deuda de la Itaipú Binacional realizado por la Contraloría General de la República.
A través de unos tuits comunicó que para investigar el hecho fueron designados los fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma.
La auditoría realizada por la institución contralora detectó la gestación de una deuda “ilegal” en la binacional a beneficio de Brasil y en detrimento de Paraguay.
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La documentación revela que entre 1985 y 1997, a excepción de 1991, Itaipú aplicó tarifas inferiores al servicio de electricidad al Brasil, por debajo de los USD 17,10/kW, por lo cual la binacional facturó menos.
Esto se realizó a solicitud de los representantes brasileños, quienes alegaron dificultades económicas en el vecino país, y tuvo la aprobación y la complacencia de los representantes paraguayos.
Con esta rebaja, Itaipú dejó de percibir USD 1.700 millones y se generó a la par una deuda de USD 4.193 millones en contra de los intereses de la binacional y a favor de Eletrobras.
Este lunes, la directora de Control de Entes Binacionales de la Contraloría General de la República, Irene Cuevas, explicó que la institución no puede analizar sobre la punibilidad del hecho, ya que la Contraloría solo reporta el resultado de la auditoría a nivel financiero y económico.
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Apuntó que el análisis sobre la punibilidad del hecho lo debe realizar la Fiscalía. Esta investigación se abre a dos años de salir a la luz la polémica firma del acta bilateral entre Paraguay y Brasil que estipulaba nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica y que fue anulada tras una grave crisis en el Gobierno.
En aquella ocasión, también se conformó un equipo con los fiscales Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci para investigar supuestos delitos de lesión de confianza y traición a la patria; sin embargo, a dos años el Ministerio Público no muestra avances.
