13 jun. 2024

Fiscalía amplía equipo de investigación en caso de Hugo Javier

El Ministerio Público sumó dos fiscales al caso del gobernador de Central, Hugo Javier, en el marco de una presunta clonación de facturas en el orden de los USD 1 millón de los recursos otorgados con la Ley de Emergencia Sanitaria por el Covid-19.

Conferencia. El gobernador de Central, Hugo Javier, y el titular de la SEN, Joaquín Roa.

Conferencia. El gobernador de Central, Hugo Javier, y el titular de la SEN, Joaquín Roa.

Foto: Archivo

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sumó dos fiscales al equipo de investigación ante el cúmulo de reportes solicitados a diferentes entidades. La causa fue abierta de oficio el 17 de junio y este jueves la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) entregó parte de los informes solicitados.

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En el marco de la investigación, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción presentaron este jueves una denuncia ante la Fiscalía contra la Gobernación de Central, a cargo del colorado Hugo Javier, tras detectarse irregularidades en la presentación de la rendición de cuentas.

Los fiscales Luis Said y Francisco Cabrera se integran al equipo de investigación para trabajar con el fiscal Rodrigo Estigarribia de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

“Una vez abierta la causa, inmediatamente realicé las diligencias. En este punto es importante aclarar que la Unidad Fiscal a mi cargo ya tiene abierta una causa penal investigando estos hechos”, aclaró el fiscal.

El agente fiscal sostuvo que tras solicitar los informes a la SET, la Contraloría y a la Auditoría General de la República, se presentó, entre comillas, una denuncia pública, ya que sería una contestación de las diligencias realizadas por el Ministerio Público.

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“Celebro nuevamente que la SET y la Contraloría hagan el trabajo preliminar puesto que ellos van a detectar y son los organismos técnicos que tienen toda la información de declaraciones juradas y también la Contraloría, que puedan hacer verificaciones in situ o determinar si hay o no irregularidades en cuanto a la rendición de cuentas”, manifestó.

De acuerdo con las investigaciones, la falsificación de las facturas estaría en el orden de los USD 1 millón, que sería una forma de justificar los fondos otorgados en el marco de la Ley de Emergencia a causa del Covid-19.