Hoy inició la audiencia preliminar de Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, director de la firma Serfin SA, y Gustavo Omar Cartes Araujo y María Belén Cartes Berin, directores de Presto SA, representantes de las casas de cobranza involucradas en la trama delictiva de la mafia de los pagarés, que habría perjudicado a funcionarios del SNPP.
En está misma causa, también está procesado el ex juez de Paz de Recoleta Víctor Nilo Rodríguez.
Según la denuncia, las empresas Serfin SA y Presto SA habían iniciado en el Juzgado de Paz de la Recoleta juicios ejecutivos con varias irregularidades en contra de socios de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), a quienes le fueron embargados sus salarios, pese a que contaban con documentos que demostraban que mes a mes pagaron sus deudas a través de la Aso.
En principio, Díaz Cardozo, Cartes Araujo y Cartes Berin fueron imputados por la fiscala Karina Caballero, pero luego la agente concluyó que “no hay responsabilidad de las casas de créditos”, sino de la asociación, por lo que pidió el sobreseimiento de los directivos.
Fueron demandados, pese a tener las deudas canceladas
En la audiencia preliminar, la fiscala Karina Caballero defendió el pedido de sobreseimiento definitivo para Gustavo Adolfo Díaz Cardozo, Gustavo Omar Cartes Araujo y María Belén Cartes Berin, todos imputados por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso.
La Fiscalía confirmó que de manera mensual los socios estaban siendo descontados por la Asociación y que “varios cancelaron totalmente sus créditos”.
Algunos de los pagarés firmados tenían alteraciones en las fechas de emisión y vencimiento, pero “eran auténticos”, dijo la fiscala Karina Caballero, “y que las diferencias en las fechas no comprometían su validez jurídica”.
En la audiencia, la titular de la Fiscalía insistió en la falta de pruebas contra los representantes, sin embargo, el juez Humberto Otazú se opuso a sobreseerlos.
La resolución judicial generó el festejo de las víctimas que estaban haciendo guardia frente cerca de la oficina del magistrado, en el pasillo de los Tribunales.
Las víctimas expusieron su repudio en contra del pedido de la Fiscalía. “Ustedes no saben lo que es que cada mes te quede G. 200.000", reclamaron. “Hay compañeros que fallecieron por esta causa”, lamentaron las víctimas.
Prórroga para investigar
En el caso, la fiscala Caballero había solicitado más tiempo para continuar la investigación en contra del ex juez de Paz Víctor Nilo Rodríguez y otras personas más, por lo que tiene fecha hasta el 21 de marzo del 2026 para decidir si les acusa o presenta otro requerimiento conclusivo.
El ex magistrado ya está acusado en la causa principal de la mafia de los pagarés por los hechos de prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, ya que, según la Fiscalía, habría firmado 178 resoluciones violando la ley y en perjuicio de las víctimas.
