Los fiscales Luis Said y Carina Sánchez interponen el recurso extraordinario de casación contra el acuerdo y sentencia 72, del 22 de agosto pasado, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Circunscripción Central, contra el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, informó Liz Acosta, periodista de Última Hora.
La resolución judicial que se impugna a través del presente recurso de casación, es el acuerdo y sentencia 72, emanado del Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, por el cual se resolvió declarar operada la extinción de la acción penal y en consecuencia anular en todos sus puntos, la sentencia del 10 de enero pasado, dictada por el Tribunal Colegiado de Sentencia, de la ciudad de Luque, a cargo de los jueces Rodney R. Rejalaga como presidente, Lilian Flores Negri y Hugo Segovia Villasanti como miembros.
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Se dispuso el sobreseimiento definitivo de Guido Fernando Salcedo, Vicente Acosta Gibbons y Roberto Cárdenas Ramírez; debiendo el Tribunal de Sentencia competente concluir con los trámites de rigor, una vez firme la presente resolución.
En agosto pasado, por segunda vez, un Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia contra el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, y demás coprocesados, en la causa del derrumbe del Colegio Nacional de la ciudad. Esa vez, los camaristas analizaron que la causa ya está extinta desde el 2021.
El 10 de enero de este año, por segunda vez, un Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años de cárcel al ex jefe comunal.
Esto fue apelado por la defensa, alegando que la causa ya se encontraba extinta antes de dictarse la sentencia.
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El camarista Dionisio Frutos determinó que el caso tenía fecha límite para extinguirse hasta el 25 de julio del 2021.
Y teniendo en cuenta esto, dijo que la primera sentencia –del 14 de setiembre del 2021– ya fue dictada “fuera del plazo máximo establecido”. A esto se adhirieron Gustavo Bóveda y Sonia Franco.
El 30 de setiembre del 2015, el techo del aula del noveno grado del Colegio Nacional de Lambaré se derrumbó sobre alumnos y la docente.
A raíz del caso, se pudo descubrir un esquema en el que operaba el entonces intendente, supuestos contratistas y más personas de su entorno, en donde direccionaban contratos de obras mal hechas, supuestamente. Esto desembocó en otra causa –con condena a 8 años– de sobrefacturación en 15 instituciones más.
