La denuncia se remonta a febrero del 2020. Fue el entonces concejal Celso Kelembú Miranda el que había denunciado hechos de estafa, extorsión, apropiación, lesión de confianza, asociación criminal, alegando que el intendente –un rubro habilitado de G. 160 millones– supuestamente manipuló el dinero para utilizarlo en la “compra de pozos artesianos”.
Decía que Miguel Prieto se apropió de los cheques y pasó a administrar los montos, comprando pozos artesianos a G. 116 millones, pese a que costarían menos de G. 70 millones, lo que habría implicado una sobrefacturación.
Sin embargo, el fiscal Juan Ledesma corroboró que son doce los proyectos otorgados a las diversas comisiones, que incluyen la perforación del pozo artesiano, más la colocación de tanque, motobomba y accesorios.
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Contactó con el encargado de las obras, Roberto Osmar Florentín, quien confirmó que los pagos lo hicieron los presidentes de las comisiones y entregó los documentos que lo demostrarían.
Dos pedidos de desestimación
El fiscal Juan Ledesma ya había solicitado la desestimación de la denuncia en el 2023, pero tras oponerse el Juzgado, el fiscal Silvio Corbeta, quien reemplazó a su colega, rectificó el pedido, solicitando que continúe la investigación.
Y así fue. El caso prosiguió hasta que en enero de este año nuevamente el propio fiscal Corbeta y la fiscala Verónica Valdez requirieron que la causa sea desestimada.
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Allí, el Juzgado se opuso a archivar el caso y envió a la Fiscalía Adjunta y la agente Soledad Machuca ratificó el pedido al señalar que “no encontró ningún sostén que denote la existencia de los hechos”.
