El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentará hoy en sus internas a varias conocidas figuras que ocupan u ocuparon el cargo de intendente de sus respectivos distritos. Unos cuentan con frondosos antecedentes judiciales, y otros tuvieron serios cuestionamientos durante su administración.
Pese a que el PLRA se presenta como alternativa a la ANR, muchos de los 356 inscriptos para intendentes, son cuestionados y resistidos en sus comunas.
El intendente de San Antonio, Raúl Mendoza, es un ejemplo y no precisamente a seguir, dado que cuenta con varias imputaciones entre ellas por lesión de confianza. Incluso, la justicia ya llegó a acusarlo y está a la espera de juicio oral y público, en la causa que investiga la malversación presunta de parte de del Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo (Fonacide) para meriendas y almuerzo escolar, así como para infraestructura escolar durante 2010/2015. En el expediente figura el presunto perjuicio de G. 715.305.500.
Para el rekutu en J. Augusto Saldívar, figura el intendente Daniel Báez (llanista), quien fue imputado en 2019 por supuesto mal desempeño en sus funciones. El mismo hace tiempo se anda con chicanas. El período investigado corresponde a los años 2015, 2016 y 2017, de la utilización de Fonacide y el supuesto daño patrimonial que ocasionó orilla los G. 1.000 millones.
También aparece un candidato auditado por la Contraloría, como el caso de Raúl Negrete, actual jefe comunal y que tiene el consenso de su partido. Una denuncia arrimada en su contra ante el Ministerio Público habla de un daño al municipio por valor de G. 1.987.000.000.
Clanes. Uno es el caso de los Gómez Verlangieri, que en la ciudad de Limpio busca resucitar la fuerza del clan, candidatando a Optaciano Gómez Verlangieri, quien ya fue varias veces intendente, y tanto en su gestión como por su paso por la INC tuvo cuestionamientos.
En el interior destaca el caso del clan González en Mbocayaty del Yhaguy. Allí el llanismo postula al ex intendente Luis González, cuyo hermano es actualmente intendente. González fue acusado en 2019 por lesión de confianza y se le presume un perjuicio de G. 300 millones.
