En total se encontraron 396 máquinas de criptominería y un gran transformador de 3.150 kVA en el inmueble del ex diputado Miguel Cuevas en la compañía Jarigua’a, del distrito de Sapucái, Departamento de Paraguarí.
El transformador alimentaba los procesadores y cada uno de estos equipos equivale a un aire acondicionado de 18.000 BTU funcionando las 24 horas, según indicó Diego Fernández, asesor jurídico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a radio Monumental 1080 AM.
Esta propiedad tiene contrato para monofásico, pagaba G. 120.000 mensual por el consumo de energía eléctrica y no tenía declarada ninguna actividad intensiva como la criptominería. La empresa estatal estima que la magnitud de las instalaciones que se encontraron apunta a un consumo real por G. 800 millones que no se pagó.
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Aunque el inmueble pertenece a Miguel Cuevas, está siendo arrendado a Ramona Peralta, cuyo representante, Nelson Cardozo, afirmó que el contrato de alquiler rige desde el 22 de abril.
Sin embargo, el asesor jurídico de la ANDE comentó que el consumo inusual en la zona se detectó hace seis meses, cuando en teoría no se había arrendado aún la propiedad.
Asimismo, este periodo de medio año arroja una pérdida de casi G. 5.000 millones en total por los servicios de energía no abonados.
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Capacidad para abastecer a toda la ciudad
De acuerdo a Diego Fernández, la ANDE coloca un transformador de 100 kVA para varias manzanas de un barrio, mientras que el equipo de la granja de criptomonedas tiene una potencia 30 veces mayor.
“Lo que estaba instalado ahí era 3.150 KVA, el equivalente a más de 300 transformadores de esa características. Sapucái es una ciudad pequeña, yo creo que fácilmente ese transformador estaría abasteciendo a toda la ciudad”, dijo respecto a la capacidad del transformador.
Solo ese equipo cuesta entre USD 60.000 y 65.000, en tanto que cada procesador nuevo como los que se encontraron estaría por los USD 3.500. Se calcula una inversión total que superaría los USD 1,2 millones.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi 7.000 son los habitantes que habitan la ciudad de Sapucái.
Hechos punibles
Los funcionarios de la ANDE hicieron el sábado un rastrillaje para ubicar el lugar exacto de dónde provenía un enorme consumo no declarado. Con un equipo de medición y un dron constataron que la granja de criptominería se encontraba en la propiedad del ex diputado.
Inmediatamente fueron hasta la sede del Ministerio Público en Paraguarí para realizar la denuncia y pedir el allanamiento correspondiente, pero el fiscal Alfredo Ramos Manzur llegó con la orden judicial recién a las 10:00 del domingo. Para entonces, las máquinas estaban desconectadas del servicio eléctrico.
“Tenemos la sospecha de que varias máquinas fueron llevadas hacia otros lugares”, dijo además Diego Fernández.
La denuncia tiene que ver con tres hechos punibles, entre los cuales figura la sustracción de energía eléctrica, con una pena de 3 años de cárcel o multa. Sobre este punto, el asesor jurídico mencionó que con apoyo del presidente Santiago Peña se trabaja en elevar criminalizar este hecho punible elevando a 10 años la pena.
Actualmente hay aproximadamente 52 empresas que se dedican legalmente a la criptominería y que generan un ingreso mensual a la ANDE de USD 10 millones.
