La Fiscalía General del Estado señala que el reporte de indicios de hechos punibles de la Contraloría General de la República (CGR) es insuficiente al no consignar hallazgos que representen la existencia, en concreto, de un detrimento al patrimonio del Instituto de Previsión Social (IPS).
Por este motivo, el Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución penal, no puede continuar con el ejercicio de esta, puesto que solo actúan cuando existan indicios fácticos de la realización de un hecho punible, informó Liz Acosta periodista de Última Hora.
La causa se inició por un reporte de la CGR, en el cual constataban un supuesto perjuicio de G. 1.630.414.082.023. Sin embargo, luego de casi un año de investigación, la Fiscalía concluyó que no hubo hecho punible. Fueron los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez quienes pidieron la desestimación, ya que afirmaron que los puntos de la denuncia no constituyen irregularidades.
En noviembre pasado, el juez penal de Garantías Humberto Otazú se opuso a la desestimación de la denuncia, considerando que podrían existir elementos que constituirían hechos punibles.
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Hace un año, Kattya González, entonces senadora, y el diputado Raúl Benítez, habían denunciado a Bataglia y a los consejeros de la previsional: Roberto Brítez, Gustavo Arias, Ludia Silvera, Miguel Doldán y Ricardo Oviedo.
Se arrimaron, además, reportes de Contraloría, donde mencionan varias observaciones, que –según el Ministerio Público– en realidad no constituyen irregularidades.
En el primer punto se habló de una supuesta diferencia entre los montos aprobados para la línea de crédito. Sin embargo, los fiscales determinaron que “quedó subsanada la discrepancia”, ya que hay dos pagarés, uno anulado y uno vigente, “que respaldan el préstamo otorgado por el Banco Interfisa al Instituto de Previsión Social (IPS)”.
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En cuanto a la segunda supuesta irregularidad, se habla de que la previsional no contó con la composición de saldos pendientes de pago a proveedores de bienes y servicios, correspondientes a una de las cuentas contables del balance general, ni los documentos de respaldo, por un importe de G. 1.157.694.787.925.
Los fiscales en cambio hablaron que se corroboró que hubo una doble verificación (física y digital) de la existencia de documentos que avalan los pagos realizados y que no hay informe alguno de ninguna instancia administrativa “que indique la ausencia de comprobantes”.
En el punto 3, remitido por Contraloría, se explicaba que los recursos obtenidos por el IPS a través de las líneas de crédito bancarias por G. 425.000 millones, no fueron presupuestados en el ejercicio fiscal 2022. Sin embargo, la Fiscalía apuntó a que “las operaciones han sido registradas y reconocidas totalmente a nivel contable”, pagándose deudas que hubo en el Programa de Enfermedad y Maternidad del IPS.
