En el Juzgado 64.° Administrativo de Bogotá, se presentó una demanda contra el Estado colombiano y Hoteles Decameron por parte de la familia del fiscal Marcelo Pecci por presuntas “omisiones graves” que habrían facilitado el asesinato del agente del Ministerio Público durante su luna de miel.
En el documento señala que la familia solicita una reparación de 10.000 millones de pesos colombianos (USD 2.431.413 al cambio actual) afirmando que no se realizaron las acciones preventivas para evitar el crimen, según publica el diario El Tiempo de Colombia.
La demanda cuestiona la falta de intervención de la Policía colombiana y otros cuerpos de seguridad del Estado.
“La información sobre el alojamiento y ubicación fue filtrada y permitió que los delincuentes que participaron en los hechos conocieran que estaba alojado con su esposa y pudieran conocer sus movimientos”, refiere el documento, según publica el medio colombiano.
Resaltan, además, que el fiscal paraguayo no fue alertado de los peligros inminentes de su situación ni se realizó el debido seguimiento de las actividades sospechosas que tuvieron relación con el atentado.
Según comprobó la Fiscalía, los señalados como autores materiales se movilizaron en camionetas desde Medellín hasta Cartagena para reunirse el 8 de mayo en un restaurante y seguir planeando el crimen. Mientras tanto, mantuvieron contacto con una persona que actuó como enlace dentro del hotel.
Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 mientras disfrutaba de sus vacaciones en isla Barú, Cartatena, con su esposa Claudia Aguilera, que estaba embarazada.
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🔴 Familia Pecci reclama millonaria cifra por crimen del fiscal
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) March 26, 2025
👉🏼 Según el prestigioso medio de Colombia, El Tiempo, la familia del fiscal reclama al Estado de dicho país la suma de 10.000 millones de pesos.
👉🏼 La demanda también señala la falta de intervención de la Policía… pic.twitter.com/1zYPuN7vu5
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Francisco Luis Correa Galeano, considerado cerebro del crimen de Pecci, fue asesinado el viernes 3 de enero en el interior de la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota, de Bogotá, Colombia.
Por este caso también fue condenada por la Justicia colombiana Margareth Lizeth Chacón, a 39 años y 10 meses de cárcel por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos fueron sentenciados a 25 años y seis meses de prisión por haber ordenado y pagado para acabar con la vida del fiscal contra el Crimen Organizado.
El sicario venezolano Wendre Still Scott, Eirson Arrieta Zabatela, Marisol Londoño Bedoya y Cristhian Monsalve Londoño enfrentan una pena de 23 años y seis meses por su participación en el homicidio.
