La ausencia de una Política Nacional de Movilidad y de un Plan Regional de Transporte limita severamente las posibilidades de articulación y eficiencia entre los diferentes sistemas (municipales, metropolitanos e interdepartamentales), este es uno de los puntos que resalta el análisis realizado por el Codeasu (Consejo de Desarrollo de Asunción) al Plan Nacional de Reforma del Transporte Público.
La reforma del transporte público es una de las promesas pendientes de cumplir por parte del actual gobierno. El proyecto que está en debate en el Senado incorpora una serie de cambios, pero al mismo tiempo adolece de falencias que podrían limitar su eficiencia una vez implementado y se volverían a experimentar las mismas falencias actuales.
Los comentarios surgen del trabajo de análisis llevado adelante por la Mesa Técnica de Transporte de Codeasu, compuesta por especialistas, referentes ciudadanos e institucionales, con el objetivo de contribuir a la mejora sustantiva del marco legal propuesto; y fueron entregados tras la participación en la audiencia pública que se realizó en el Congreso Nacional.
Los aportes se estructuraron en torno a siete dimensiones clave: Gobernanza, regulación, planificación, licitación, operación y mantenimiento, administración y finanzas, fiscalización y sanción, incluyendo también observaciones generales complementarias.
Según el Codeasu, la propuesta mantiene intacta la actual estructura institucional, sin resolver la superposición de atribuciones entre niveles de gobierno, ni establecer mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional.
Señala también que la incorporación de licitaciones por módulos representa un avance, pero preocupa la ambigüedad de figuras, como el “diálogo competitivo”, que puede afectar la transparencia de los procesos.
El proyecto omite establecer planes de transición operativa e indicadores concretos para el cambio hacia un nuevo sistema, lo cual compromete su implementación efectiva, alerta el informe.
La creación de un fideicomiso representa una mejora, pero no se especifican criterios de distribución territorial ni mecanismos de financiamiento para otras regiones del país, señala el estudio en otra parte del texto.
El diseño del sistema de fiscalización y sanciones es asimétrico, estableciendo normas específicas para proveedores tecnológicos, pero sin claridad normativa respecto a las empresas operadoras.
Se identifica una ausencia total de espacios formales y vinculantes de participación ciudadana, lo cual limita el control social y la transparencia del sistema.
1.000.000 de personas dejaron de utilizar el servicio de transporte público metropolitano en los últimos 20 años.
300.000 personas que utilizan el servicio de transporte público de pasajeros sufren las reguladas diariamente.
