Una segunda víctima de la explosión de una caldera registrada en la localidad de Santa Rosa del Aguaray falleció esta madrugada. Se trata de Claudio Iglesias Frutos (27), quien se encontraba internado en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías de Asunción.
El primero que falleció en la explosión fue Julio César Cáceres Aguilera (28), a quien lo tomó frente mismo a la caldera.
El siniestro que ahora se cobra su segunda vida se registró el pasado jueves 19, en una planta laminadora denominada Kororo’i, ubicada sobre Calle 500 de la localidad de Santa Rosa del Aguaray, en el Departamento de San Pedro.
La fiscala Laura Romero imputó por este suceso a los propietarios, Zenón Burgos (48) y Mariano Burgos (51), por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, en la planta que se dedica al procesamiento de láminas de madera y terciadas.
Cáceres había fallecido por traumatismo lacio craneal grave, según la autopsia. Había sido trasladado de urgencia hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, pero ya llegó sin signos de vida.
También habían quedado con lesiones graves Claudio Iglesias Frutos (27), y Martín Riquelme Iglesias (28). Ahora, la causa de fallecimiento de Iglesias es paro cardiorrespiratorio por falla multiorgánica, según comunicado de los propios empleados de la laminadora al Ministerio Público.
No garantizaron las medidas de seguridad
Según la imputación, los propietarios “debían prever y garantizar las medidas de seguridad necesarias para el funcionamiento de la laminadora, considerando el tipo de actividad desarrollada en el lugar”.
Omitir estas medidas, podrían poner en riesgo la integridad de los trabajadores y vulnerado sus derechos laborales, cosa que finalmente ocurrió, según las investigaciones.
El trágico suceso propició las investigaciones de la Policía y Fiscalía, que se constituyeron en el lugar para hacer diligencias. También el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizaron un relevamiento de datos laborales en la planta siniestrada.
Solicitan medidas
La fiscala Laura Romero pidió al Juzgado que se apliquen medidas a los procesados, como la obligación de presentarse mensualmente, la prohibición de salir del país y otras que resulten pertinentes para asegurar la sujeción de los imputados al proceso penal.
