De ahí que, en el Derecho, es tan importante, tan fundamental, que lo ubicamos en la propia Constitución. Y, en el ámbito de la Justicia, se habla de un plazo razonable para culminar los casos sometidos a consideración de los jueces. De nada sirve que luego de más de 10 o 20 años te den la razón. Muchos inclusive dejaron esta vida sin obtener sus reclamos.
Por eso, tratar de concluir las causas en el menor tiempo posible, para que las personas pongan fin a sus controversias es vital para el país. Sin embargo, la mora es el principal problema que tenemos en el Poder Judicial. Para ser más precisos, el excesivo tiempo que tarda un magistrado en poner fin a los procesos.
Al ver su importancia, entonces debemos coincidir en que toda iniciativa que haga que se reduzca la mora debe ser bienvenida.
Ahora, en la Cámara de Diputados tenemos un proyecto de ley que intenta disminuir de 4 a 3 años la duración máxima del proceso y suspender las causas solo por el plazo legal que tienen los jueces para dictar resoluciones. También se pone un plazo a la acción privada. Además, le da 30 días al fiscal para pedir la desestimación o imputar en un caso, luego de recibir la denuncia o querella. Y, algo fundamental, el investigado podrá tener acceso al caso desde el inicio.
Si sacamos las etiquetas que les ponemos a todo, viendo objetivamente y sin apasionamientos, no por el color o grupo en el que está el legislador, la iniciativa no es mala; es poner un límite a los jueces y fiscales para evitar la mora.
En estos momentos, la principal característica de nuestro sistema procesal penal es que los plazos son inciertos. Actualmente, si se presentan incidentes, recusaciones, recursos, los días, semanas y años que pasan hasta que exista una resolución no son contabilizados sino recién hasta que el expediente vuelva al Juzgado.
De esta manera, no existe un tiempo cierto de duración del proceso, sino que pueden pasar años hasta que se resuelva la cuestión y, para la Justicia, ese término no cuenta.
Lo mismo pasa con la investigación fiscal. Si se recibe una denuncia o una querella, el agente no tiene un plazo para imputar o desestimar la causa, salvo que la persona esté privada de su libertad. Así, pasan semanas, meses y, en la mayoría de los casos, años hasta que se presente una imputación o un pedido de desestimación. Además, durante este plazo, varios de los agentes no dejan que el investigado tenga acceso al caso, hasta que no se lo impute. Evidentemente, esto va en detrimento del derecho a la defensa.
De ahí que el proyecto es razonable. Capaz que se podría ampliar el tiempo del fiscal para investigar a 3 a 6 meses, pero la idea no es mala. Lo del plazo de duración del procedimiento podría quedar en 4 años, pero lo de la suspensión solo por los plazos legales es un buen punto.
Pero apenas se supo del tema, la crítica fue terrible. Lo primero que se dijo es que traerá impunidad, aunque con la ley actual igual se extinguen los casos. También que no es realista, porque será imposible de aplicar. Como siempre, se hace tener miedo a la ciudadanía, para que todo quede como está.
Y, en el fondo, lo que se quiere es que sigan así, sin plazos ciertos, investigar por años, sin que la persona lo sepa hasta que sea imputado. Es más cómodo. Pero esto va en contra del sentido común, ya que lo que se hace es dar libertad al Estado en vez de limitar su poder coercitivo sobre los ciudadanos. Poner un plazo razonable al actuar de fiscales y jueces no es el acabose o el fin del mundo.
