“Pero, ¿qué hacemos si el próximo año el Parlamento modifica el Presupuesto y genera un descalabro económico? Es que es una extorsión. ¡Es una extorsión!”, expresó el primer mandatario ante las cámaras.
Al día siguiente, el titular del Congreso refirió que se malinterpretaron las palabras del presidente y que fue una “negociación y no una extorsión”. La cuestión derivó luego en un comunicado de Honor Colorado, que señalaba que no iban a avalar el aumento propuesto por el Ejecutivo. Luego, vino una especie de revancha parlamentaria con el Presupuesto, ya que rechazaron cualquier tipo de incremento salarial.
Sin embargo, el hecho es sumamente grave ya que la denuncia de extorsión viene del primer mandatario de la República. No hablamos de cualquier persona, sino del encargado de administrar el país, que tuvo –quiérase o no– los votos suficientes para llegar al cargo.
Y es que la extorsión es un hecho punible previsto en nuestro Código Penal, con una pena de hasta 5 años o multa, donde incluso se castiga la tentativa. Esto por más que, al final, se desistió del tema.
Es más, el hecho podría catalogarse como una coacción al presidente de la República y a los miembros de un órgano constitucional, con sanciones de hasta 5 años y, en casos graves, hasta 10 años, también tipificados en nuestra ley penal. Además, hasta podría ser una coima encubierta ya que supuestamente los parlamentarios hacen un “apriete” al titular del Ejecutivo para que asuma una medida impopular, como la calificó.
Pero, a más de esto, tenemos que, según la ley, los funcionarios públicos están obligados a denunciar hechos punibles, por lo que dar los nombres de estos congresistas, sean de su propio partido o de la oposición, es una cuestión vital para no ser un encubridor.
Por más que muchos no lo votaron, al ser el ganador de unas elecciones democráticas por un gran caudal electoral y asumir como presidente, deberíamos respetar la investidura que tiene, como republicanos que somos, para fortalecer las instituciones.
Peña está hace un poco más de 75 días en el cargo, y ya tiene todos estos problemas cuando que, en teoría, cuenta con amplia mayoría en ambas cámaras, como no lo tuvo ninguno de los presidentes de la era democrática.
Es que, supuestamente, los legisladores de su partido son su sostén político y los que deben apoyar su labor al frente del Ejecutivo, pero evidentemente no existe esa voluntad de apuntalar el trabajo del presidente Peña.
Cada parlamentario juega a favor de sus propios intereses, lo que convierte al Gobierno en huérfano, pese a que está en el poder con un Congreso integrado por colorados, neocolorados y opositores procolorados.
Dentro de este contexto, el incremento salarial se iba a dar (por suerte no se dio) con grandes carencias de varios sectores importantes de la sociedad, como lo son los médicos y los maestros, que no tienen remuneraciones como los legisladores. Y ni qué decir los que sobreviven con el salario mínimo.
De ahí que desenmascarar a los extorsionadores es una cuestión de Estado. El presidente debe dar a conocer los nombres de todos los que le apretaron para un aumento en sus dietas, que incluso en principio justificó.
Para honrar su investidura, para que se haga sentir como primer mandatario y, principalmente, para respetar la ley, debe denunciar el hecho punible del que dijo ser víctima, para que sea investigado por el Ministerio Público. Aunque no le veo mucho futuro a la pesquisa, por lo menos podría hacer cambiar la opinión que muchos paraguayos tienen de Santiago Peña.
