La Política Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres se adoptó en el 2014 y se actualizó en el 2018. Promete un cambio de paradigma para pasar a un abordaje prospectivo y reactivo, que contempla, por ejemplo, infraestructura, capacitación en mapas de riesgo actualizados y decisiones políticas en varios aspectos.
Sin embargo, este importante lineamiento quedó en los papeles. De acuerdo con Angelina Trinidad, doctora en Geografía y máster en Gestión de Desastres, Paraguay sigue con una respuesta reactiva, es decir, una vez que se producen los incendios, las instituciones trabajan solo en apagarlos o cuando hay inundaciones, las acciones se limitan a las evacuaciones.
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Para comprender el alcance de las medidas que se deben adoptar, Trinidad desmitifica el concepto de “desastres naturales” y explica que los desastres en realidad son una construcción social, el resultado de las acciones y decisiones de las personas; en síntesis, los desastres son políticos. Insiste en que los desastres no son castigos divinos, una mala suerte o inevitables.
Menciona que una política real debe involucrar a la comunidad, la cual debe recibir toda la información necesaria sobre la situación, de cómo le afectará y su participación en la toma de decisiones, pero esto no significa una sustitución de los roles del Estado.
“El Estado nos tiene que garantizar a nosotros como ciudadanos la seguridad, porque se traslada toda esta situación a las personas con el tema de los autocuidados, sin embargo, el Estado es el que debe garantizarnos la protección frente a situaciones de emergencia y desastres”, comentó.
En este sentido detalla que son los políticos y autoridades quienes deben trabajar en los mecanismos para incidir en las variables de exposición, vulnerabilidad y capacidad.
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La primera afecta a las personas que están enfrentando de cara las amenazas; la vulnerabilidad se refiere a las condiciones de degradación ambiental o infraestructura inadecuada, mientras que la capacidad está relacionada a todas las habilidades y recursos que se puedan disponer para hacer frente a la emergencia, en este caso, los incendios de gran magnitud.
Liderazgo fragmentado
La Política Nacional contempla a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) como rectora de todas las actividades vinculadas a la gestión y reducción de riesgos. En cambio, para la experta hay “un liderazgo fragmentado”, en el que las autoridades trabajan de manera desarticulada sin un centro de operaciones que facilite la participación de cooperaciones y organizaciones con experiencias en estos casos.
También es muy visible la precarización del sistema de respuesta, ya que antes de que se reporten los incendios, debe haber talleres y mesas consultivas, así como simulacros de trabajo articulado. Tiene que ver también con los presupuestos para disponer de equipos adecuados y profesionales formados en el área, lo que a su vez implica salarios justos.
Otro punto débil para Trinidad es la falta de transparencia en los trabajos que se están llevando adelante. Dijo que más allá de las informaciones que publica el Instituto Forestal Nacional, se debe divulgar qué está sucediendo concretamente, dónde, qué se está haciendo al respecto, hacia dónde se dirige la amenaza y cuáles son las necesidades de la población afectada.
