En una carta abierta dirigida a Sandra Quiñónez, la fiscala general del Estado, los miembros de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional volvieron a pedir una reunión con ella. Ya lo habían hecho el pasado 23 de mayo, a los efectos de conocer el avance judicial con relación al Acta Secreta de Itaipú, que fue un escándalo en el 2019.
En la misiva le cuestionaron que hasta la fecha no haya un solo imputado en la causa, pese a que el daño patrimonial hubiera sido de USD 250 millones.
“Sin embargo, hoy la actuación de la Fiscalía General del Estado, antes que cumplir su función de representar a la sociedad para velar por los derechos y garantías constitucionales, muestra severas señales de contubernio con el Poder Ejecutivo de turno”, señaló en el documento.
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Sobre este punto, agrega la carta que Quiñónez más bien muestra disposición personal a allanar el camino a la impunidad antes que el deseo de obtener justicia.
“Observamos que usted es leal, antes que a la ley, a procesos de acuerdos o desavenencias dentro del Partido de Gobierno, por lo cual entendemos que su actuación está sujeta a decisiones, tiempo y ritmos impuestos por fuera de su institución, antes que por el marco normativo vigente”, sostiene.
Los referentes de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional le exigieron a la fiscala General “de manera vehemente” que cumpla con su deber.
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“Asuma que estamos en un momento histórico de suma trascendencia para el desarrollo del país y que ningún interés faccioso, en circunstancia alguna, puede estar por sobre el interés general de toda una nación”, resaltaron.
Citaron que su vínculo con un determinado sector del Partido Colorado quedó entrevisto cuando solicitaron su juicio político en la Cámara de Diputados y no procedió debido a que una amplia mayoría de la Asociación Nacional Republicana (ANR) rechazó la propuesta.
La Fiscalía había conformado un equipo de tres fiscales para estar a cargo de la investigación sobre las supuestas irregularidades en el marco de la firma del acta bilateral entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú, bajo las figuras penales de lesión de confianza y traición a la Patria.
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Los fiscales Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci fueron designados para encabezar el caso, a raíz de la denuncia formal presentada por ciudadanos en contra de las cuatro ex autoridades involucradas en la negociación de la polémica acta relacionada a la venta de energía de Itaipú.
El caso desató un escándalo el año pasado y puso al borde del juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vice Hugo Velázquez.
Se conformó incluso una comisión bicameral en el Congreso que concluyó que Velázquez tuvo participación en la firma del acta.
