Nacido en São Paulo, Luckas llevaba algunos años moviéndose entre países e intentando vivir de la actuación, su verdadera pasión y lo único que consigue robarle una sonrisa durante una entrevista con EFE.
Había trabajado en Argentina, en Filipinas, en Corea del Sur y en Tailandia, hasta que a mediados de 2024 le llegó una oferta laboral a un grupo de Telegram que llamó su atención: prometía unos 1.500 dólares mensuales por tareas de atención al cliente.
El contrato hablaba de seis meses y de un traslado a Mae Sot, una ciudad tailandesa en la frontera con Myanmar.
Tras algunas horas por carretera, cambios sucesivos de vehículo y un cruce nocturno en una pequeña embarcación, Luckas arribó a un territorio armado y vigilado, en donde los carteles ya no estaban en tailandés, sino en birmano.
Llegó a un complejo donde vivía con otros 5.000 extranjeros de todo el mundo. Le retuvieron su pasaporte y su celular, bajo la promesa de que un día a la semana iba a poder conversar con sus seres queridos, lo que después “no fue así”.
“Durante los cuatro meses solo pude contactar con mi familia cuatro veces”, cuenta.
Mientras relata su experiencia, la mirada de Luckas se clava en un punto fijo, y sus pupilas ceden a espasmos, como si estuviese viendo una película de su propia vida.
“Una película de terror”, confiesa, de la que no pensaba que iba a salir. La humillación de los castigos lo llevó a considerar el suicidio como única salida posible.
Luckas es el rostro visible de una estadística que no deja de crecer. Solo en 2024, 63 brasileños denunciaron haber sido víctimas de explotación, siendo la mayoría en países del Sudeste asiático, y la cifra de víctimas en 2025 ya ha superado el total del año pasado, según fuentes del Ministerio de Justicia.
El negocio
Supo que la empresa era de unos chinos que controlaban este tipo de negocios clandestinos en Birmania (Myanmar). Su día a día se transformó en gritos que un intérprete le traducía a inglés.
Dormía en una habitación compartida, comía todos los días lo mismo, “como si fuese una cárcel”, y durante el día trabajaba unas 17 horas frente a un ordenador.
Su tarea era captar clientes para invertir en plataformas de juego en línea y de criptoactivos.
“La empresa tenía un sistema en el que nosotros escribíamos y, cuando enviábamos el mensaje, automáticamente se traducía a la lengua del destinatario”, contó.
Los dueños exigían resultados casi inalcanzables. Le habían prometido un salario de 700 dólares si lograba que al menos diez personas hicieran depósitos. Pero muchos “clientes” automáticamente cortaban el teléfono.
El incumplimiento de los objetivos tenía consecuencias inmediatas: castigos físicos y psicológicos aplicados de forma sistemática.
Los más severos ocurrían en una pequeña sala, donde unos matones lo golpeaban con tubos y le daban descargas eléctricas y bofetadas. Otras sanciones incluían permanecer de pie durante largos periodos con bidones de agua en la espalda o hacer flexiones sobre plataformas con púas.
La idea de escapar empezó a tomar forma: logró comunicarse en secreto con un amigo fuera del complejo, que contactó a una ONG y alertó a la televisión.
La fuga
Tras tres intentos fallidos de fuga, seguidos de castigos, el rescate llegó a través de Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), un grupo insurgente que, según él, se opone a este tipo de actividades y consiguió negociar su liberación y la de varios colegas.
Luckas salió “con lo puesto” y su pasaporte en mano.
Después, decidió mudarse nuevamente a Argentina, donde ya había construido una red de contactos como para retomar su vida laboral.
No quedarse atrapado en el pasado es, ahora, su forma de resistencia.
“Mucha gente me juzga y dice ‘está viajando, está feliz’. Pero ¿qué voy a hacer? ¿me voy a quedar dentro de una habitación para siempre? De mis 32 años, fueron cuatro meses. Tengo recuerdos, pero no voy a quedarme parado en eso. Quiero seguir con mi vida”.
Fuente: EFE
