La salida a la crisis de deudas impagas que enfrenta el sector de la construcción depende de una decisión “política y económica” del Poder Ejecutivo que permita sincerar la situación fiscal y priorizar los desembolsos utilizando los recursos ya disponibles, afirmó la diputada Rocío Vallejo tras una reunión mantenida en la Cámara de Diputados con dirigentes de gremios de la construcción.
“No se trata solo de la macro. Si no pagamos a quienes generan empleo y sostienen la economía real, ¿cuál es el sentido?”, cuestionó la parlamentaria tras culminar el encuentro.
La legisladora recordó que en otros momentos críticos –como durante la pandemia–, el Estado ya recurrió a la flexibilización del límite del déficit fiscal, por lo que considera que las actuales circunstancias ameritan medidas similares para evitar consecuencias mayores.
Mientras tanto, los gremios de la construcción aguardan que el Gobierno concrete un desembolso antes de fin de año para evitar un colapso financiero en la cadena de proveedores.
Tope fiscal. Vallejo explicó que gran parte de las obras hoy impagas están financiadas con créditos internacionales ya aprobados, cuyos fondos están disponibles pero no se ejecutan por la rigidez del tope fiscal.
Esta situación genera un triple perjuicio al Estado, señaló Vallejo, por el pago de intereses por los préstamos, penalidades por no utilizarlos y, además, debe asumir los intereses que reclaman las constructoras por la demora en los pagos.
“Es irracional tener el dinero, pagar penalidades por no usarlo y al mismo tiempo dejar sin cobrar a empresas que sostienen miles de empleos”, subrayó la diputada.
Presupuesto irreal. La legisladora fue especialmente crítica con el Presupuesto General 2025, al que calificó como un “presupuesto mentiroso” debido a que no contempla partidas para cubrir deudas acumuladas con constructoras, farmacéuticas y otros proveedores del Estado. Advirtió que, ante esta omisión, el Gobierno deberá recurrir a la emisión de bonos a comienzos del próximo ejercicio.
Vallejos insistió en que la foto macroeconómica no puede maquillarse a costa de dejar sin pago a sectores productivos esenciales. “Estamos sosteniendo superficialmente un déficit que en la realidad es mucho mayor”, expresó.
La acumulación de atrasos afecta a unas 200.000 personas vinculadas a la cadena de la construcción, incluyendo asalariados, proveedores, subcontratistas y trabajadores independientes. “Las empresas deben seguir pagando salarios, IPS, insumos y deudas bancarias. Muchas ya están entrando en una situación límite”, alertó.
Los bancos también comenzaron a presionar ante la falta de pagos del Estado, lo que aumenta el riesgo sistémico para las compañías más pequeñas y medianas, que ya no acceden a créditos.
Piden ejecución. Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) reiteraron que el presupuesto para obras del 2024 asciende a USD 680 millones, pero solo se ejecutaron entre USD 380 y 400 millones, dejando un remanente pendiente de USD 250 a 280 millones. El gremio señala que la deuda total supera los USD 200 millones, y con los intereses acumulados podría acercarse a los USD 350 millones.
