La paralización de obras públicas por falta de pago estatal genera un efecto dominó que compromete tanto la infraestructura como la estabilidad económica de las empresas contratistas y la de los obreros.
Ante el incumplimiento en el abono de los certificados de obra, que totalizan unos USD 400 millones, incluyendo los intereses, algunas de las constructoras se ven obligadas a suspender los trabajos para evitar un colapso financiero, lo que deriva en el deterioro de las estructuras inacabadas, el despido masivo de trabajadores y el encarecimiento de los costos finales por mantenimiento y readecuación de precios, según advierten las vialeras.
Hasta el momento, el cese de pagos a las constructoras por parte del Estado desencadenó en la paralización de 7 importantes obras impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según estimaciones de las empresas constructoras, cada obra emplea, en promedio, a unas 250 personas. Es decir, unos 1.700 trabajadores.
En concreto son tres tramos de obras viales en San Juan Misiones (MM, Construpar y Tecsul); la ruta de hormigón entre Concepción y Pozo Colorado (Ecomipa); la Ruta Graneros del Sur (Concremix, EBD); el Tramo Pilar – Humaitá (Concremix); e Humaitá Paso de Patria (Roggio-Heisecke – aún no inicia por falta de pago de anticipo).
Asimismo, informaciones extraoficiales señalan que al menos dos de las empresas contratistas gestionan procesos de quiebre.
TOPE FISCAL. El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, reiteró la preocupación por los atrasos en los pagos por las obras públicas que superan los 400 millones de dólares hasta la fecha. Para la regularización de los pagos plantea elevar el déficit fiscal de tal suerte que se puedan utilizar los recursos de créditos disponibles. Para esto, se requiere modificar el PGN 2026 y elevar el tope de déficit fiscal mediante una ley del Congreso.
Según los registros de las empresas vialeras, la deuda acumulada es de unos 410 millones de dólares, de los cuales USD 250 millones corresponden a certificados de obras, USD 120 millones a intereses no reconocidos y que datan del Gobierno anterior. Así también, reclaman el pago de intereses por USD 40 millones generados durante el actual gobierno.
Las empresas del sector de la construcción aseguran que para superar la crisis por deudas y déficit de inversión, el Estado requiere de unos USD 1.000 millones.
- 400 millones de dólares suman las deudas más intereses que el Estado tiene con las firmas constructoras.
- 250 empleos es el promedio generado por cada una de las obras paralizadas, según datos de las vialeras.
Aguardan la reglamentación de le Ley de Factoraje
Mientras las empresas del sector de la construcción plantean que el Gobierno eleve el tope fiscal para proceder a los desembolsos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), , impulsa el factoraje (factoring) como una medida parche que permitiría oxigenar a las empresas. La citada ley establece los contratos de factoraje para la cesión de facturas a un cesionario, comúnmente una empresa financiera, lo que permitiría a las empresas del sector acceder a hasta unos USD 150 millones, con una garantía soberana. Los sectores se pusieron como plazo para avanzar en la propuesta el 11 de marzo. Sin embargo, aún no se celebraron reuniones conclusivas en torno a la propuesta.
