Este artículo es el primero de dos que abordan las alternativas que tiene Estados Unidos para lidiar con el régimen de Maduro en Venezuela. Esta vez se analiza el posible uso de la fuerza militar, en tanto que en una siguiente entrega se analizará un posible enfoque político-diplomático para lograr la democratización en Venezuela.
El Gobierno de Donald Trump tiene como objeto la caída del régimen de Nicolás Maduro, pero su postura al respecto de cómo lograrlo no es clara. Hasta el momento, las acciones para lograrlo han ido desde un aumento de la recompensa por su captura en su carácter de líder del supuesto grupo narcotraficante Cartel de los Soles hasta la acumulación de una fuerza naval en el Caribe sin precedentes desde la crisis de los misiles en 1962, pero aún sin una definición clara respecto al uso de la fuerza para lograr el cambio de régimen.
Esto es un riesgo para la Administración de Trump, pues si después de las amenazas del uso de la fuerza se da una salida negociada o si Trump decide unilateralmente el retiro de la fuerza naval sin lograr la salida de Maduro, este último saldría favorecido como el líder que logró soportar las presiones de la mayor potencia militar del mundo, y otros líderes antagónicos a Washington tomarían nota.
Por el contrario, la caída de Maduro potenciaría los intereses de Washington, aumentaría la seguridad nacional de Estados Unidos y beneficiaría al pueblo de Venezuela y de las naciones vecinas.
Potencialmente, un cambio de régimen en Venezuela resultaría en una menor migración ilegal a Estados Unidos, una reducción del narcotráfico, y el fin de la cooperación de Caracas con un grupo de países con intereses antagónicos a Washington-China, Rusia, Irán y Cuba, que perderían un valioso territorio para sus operaciones en suelo sudamericano.
Por otro lado, el uso de la fuerza militar para derrocar a Maduro presenta riesgos, pues teóricamente podría fracasar en su intento e incitar manifestaciones contra Estados Unidos tanto dentro como fuera de
Venezuela, así como provocar una desafiante situación para las tropas norteamericanas que desembarquen en territorio venezolano. Sin embargo, el uso de la fuerza militar no implica necesariamente el despliegue masivo de tropas para una invasión. Las operaciones militares podrían concentrarse en la eliminación de las principales figuras del régimen, acusadas por Estados Unidos de estar vinculadas al Cartel de los Soles, provocando una acefalía en buena parte del régimen y la voluntad de Maduro de dejar el poder, en caso de que no haya sido eliminado.
El gobierno de Trump ha sido últimamente ambiguo respecto al uso de la fuerza en Venezuela, pues se ha mostrado abierto a nuevos diálogos con Maduro, sin descartar al mismo tiempo el posible uso de la fuerza. Esta ambigüedad pone al presidente norteamericano en situación de perder apoyo de sus seguidores pues, por un lado, prometió no meter a Estados Unidos en una guerra prolongada y, por otro, los venezolanos residentes en Estados Unidos y los miembros de la derecha neoconservadora presionan por la salida el dictador venezolano.
La presión por remover a Maduro del poder no es nueva. Comenzó en 2018, durante el primer periodo de Trump, luego de que Maduro haya sido acusado de ganar las elecciones de manera fraudulenta. Como resultado, el Gobierno norteamericano implementó una serie de sanciones diplomáticas y económicas que contribuyeron al caos económico generado por la mala administración estatal venezolana. Al salir Trump de su primer gobierno, la represión recrudeció en Venezuela, sumándose además la migración masiva, el tráfico de oro (y según la actual administración, de drogas también). Durante el gobierno de Joseph Biden, se negoció el levantamiento de sanciones a cambio de elecciones transparentes, que el régimen venezolano no cumplió, suscitando el rechazo de numerosas naciones, entre ellas, gran parte de América Latina.
Ya en 2020, Maduro había sido acusado formalmente en Estados Unidos de conspirar para cometer narcoterrorismo y de liderar el Cartel de los Soles, una organización que, según las acusaciones, trafica drogas a los Estados Unidos y está liderada por altos jefes del régimen y de las fuerzas armadas. El Departamento de Estado anunció primeramente una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro.
Posteriormente, la recompensa se elevó a 25 millones y más recientemente a 50 millones de dólares. En tanto, el Cartel de los Soles pasó a ser designada como una entidad terrorista. Más recientemente, Estados Unidos ha enviado más de una docena de buques de guerra, incluyendo al portaaviones más grande del mundo, a la región, así como aviones de combate, y el gobierno ha declarado, sin entrar en detalles, que todas las opciones para remover a Maduro del poder están en consideración. Esto incluye acciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, algo admitido públicamente por Donald Trump, aunque este se negó a responder si la autorización incluía la eliminación física de Maduro.
Washington ha definido estas medidas como destinadas a detener el narcotráfico del régimen de Maduro, no a derrocarlo. El propio secretario de Estado, Marco Rubio mantiene que las actividades militares cerca de Venezuela están orientadas a combatir el narcotráfico. Sin embargo, al no reconocer a su gobierno, y al acusarlo de dictador, el despliegue militar estadounidense solo tiene sentido en un contexto de cambio de régimen.
Al Gobierno de Trump se le señalan ciertas políticas consideradas contradictorias. La principal de ellas es la vigente autorización para que la petrolera norteamericana Chevron continúe extrayendo petróleo venezolano, lo cual se entiende como una forma de dar oxígeno financiero a Caracas, pues el régimen venezolano recibe regalías de las operaciones de Chevron. En el contexto del creciente conflicto entre las dos naciones, la autorización a la petrolera estadounidense carece de sentido estratégico.
Si la acción militar finalmente se implementa, su objetivo sería doble. El primero sería el combate efectivo al narcotráfico, incluyendo la eliminación de sus principales jefes, entre ellos los altos comandantes de las fuerzas armadas y los principales colaboradores de Maduro. El segundo objetivo sería enviar un contundente mensaje a los funcionarios cercanos a Maduro y al propio dictador: su tiempo se ha acabado, y la mejor forma de evitar las consecuencias penales de sus actos sería la negociación con la oposición venezolana para la implementación de un gobierno de transición y de una profunda reforma constitucional y legal que logre evitar arbitrariedades en subsiguientes períodos presidenciales. Dada la asimetría de poder entre ambas fuerzas armadas, no sería en principio necesario un ataque a gran escala ni una invasión terrestre, sino una serie de ataques concentrados en la degradación de capacidades militares venezolanas (sobre todo su fuerza aérea y su capacidad antiaérea), así como las acciones encubiertas ya mencionadas.
Es importante señalar que Estados Unidos deberá ser parte de la reconstrucción económica, política y social de Venezuela, por lo que la eventual acción militar no es más que la primera instancia para asegurar la existencia nuevamente de una Venezuela estable y democrática.
La alternativa de la opción militar en Venezuela, si bien puede resultar tentadora, tiene sus riesgos si el gobierno de Trump no está dispuesto a escalar el conflicto hasta el punto de quiebre de las Fuerzas Armadas venezolanas. Al mismo tiempo, Washington deberá considerar que la remoción por la fuerza de Maduro no es más que un primer paso en un largo proceso de recuperación para Venezuela.
