05 dic. 2025

Esposa de Marset pide a jueza ampliar horarios para sus visitas

La ciudadana uruguaya Gianina García Troche, esposa del prófugo Sebastián Marset, actualmente recluida en el Penal Militar de Viñas Cué por el caso A Ultranza Paraguay, solicitó a través de sus defensores a la jueza Rosarito Montanía, ampliar el horario de visitas y darle posibilidad a más familiares de poder visitarles. La defensa explica que parientes no están en el país.

Gianina Garcia en Viñas Cué.jpg

Recluida. Gianina García Troche, rodeada de agentes, en el penal militar de Viñas Cué.

Foto: Archivo ÚH.

La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, deberá resolver el pedido realizado por la procesada por supuesto lavado de activos, Gianina García Troche, esposa del fugitivo Sebastián Marset, sobre ampliar o no su horario de visitas, y que más personas de su grupo familiar puedan visitarla en el penal militar de Viñas Cué.

Los abogados Christian Fernando González Rivas y Hugo Ramón Núñez Ortiz, por la defensa de la procesada, solicitaron al juzgado específicamente ampliar el horario de visita de sus hijos los días sábados, de 09:30 a 17:00, de modo que tengan más tiempo para pasar con su madre, conforme con la presentación.

Asimismo, requirieron que diez personas más, entre ellas, su abuela paterna, su cuñada y sobrinos puedan también visitarla en el establecimiento penitenciario. No obstante, se aclara que ninguna de las personas citadas para las visitas se encuentran actualmente en el país, por lo que en caso de tener el consentimiento judicial lo harán.

Ahora, el pedido queda en manos de la jueza Rosarito Montanía que el pasado 21 de mayo, había decretado la prisión preventiva de la encausada por supuesto lavado de activos, tras ser extraditada desde España.

Gianina García Troche, de 32 años, se encuentra imputada por supuesto lavado de activos, con una expectativa de pena de entre 5 y 15 años de cárcel.

Lea más: Gianina García Troche tendrá celular del Estado para hablar con abogados y familiares

La magistrada había dispuesto un protocolo para el uso de medios de comunicación para la procesada, con lo que ordenó que la propia institución le proporcione un aparato electrónico, sin costo para la imputada, de modo que “mantenga comunicación ya sea con familiares o con sus defensores técnicos, velando por el estricto cumplimiento de sus fines”.

La institución lleva un registro de las llamadas donde se consignan fecha, hora y número al que se desea llamar, nombre y apellido de la persona a la que llama, grado de parentesco o afinidad, duración de la llamada y firma de la procesada.

El horario de las llamadas (normales o videollamadas) se realizan en el horario diurno (entre las 10:00 y las 12:00), los días lunes, miércoles y viernes, con una duración máxima de veinte (20) minutos.

Además, indica el régimen especial de seguridad de la procesada, de lunes a domingos, bien temprano, con desayuno, almuerzo y cena, a más del control de ingreso de celda. También se dan la revisión y el control general del lugar de reclusión.

Las visitas de los familiares debidamente acreditados serán los martes, jueves y sábados, por la mañana, durante dos horas, y de sus abogados de lunes a viernes por un lapso de dos horas también.

Se restringen las visitas externas, y limita al grupo familiar, para lo que se debe completar un formulario de registro acreditando el parentesco. Se garantiza la libre comunicación con autoridades fiscales y judiciales.

Las autoridades del penal remiten un informe semanal de las actividades y el comportamiento de García Troche dentro de la institución.

Más contenido de esta sección
Tras el pedido oficial del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la Corte Suprema de Justicia suspendió sin goce de sueldo a la jueza de Lambaré Isabel Bracho, acusada –según la Fiscalía– de haber recibido una coima de USD 50.000 para beneficiar al presunto narcotraficante Walter Galindo Domínguez.
Abonar por una deuda inventada; pagar G. 65 millones por una cuenta de G. 5 millones; padecer preinfartos por enterarse de embargos o la imposibilidad de ayudar a un hijo con discapacidad o a los padres, todo por tener que pagar una cuenta que no es suya. Los padecimientos de las víctimas de la mafia de los pagarés, que decidieron recorrer cientos de kilómetros para llegar a la marcha en Asunción, donde exigieron justicia.
Cientos de víctimas de la mafia de los pagarés se movilizaron hoy para exigir justicia, el cobro digno de sus salarios tras los embargos compulsivos y para denunciar que autoridades siguen respaldando a la mafia. “Les están descontando su salario de manera ilícita e ilegal a miles de personas. Ahora mismo está pasando eso”, dijeron.
Los datos expuestos por la Comisión del Senado revelan la existencia de 333.005 juicios ejecutivos que afectan a miles de víctimas, lo que representa en total G. 2,2 billones (USD 314 millones), descontados de manera compulsiva mediante embargos irregulares. Los congresistas advierten sobre la existencia de una gran rosca.
Pese a declararse inocente, el juez condenó a Edwin López Cattebeke, ex director general de Administración y Finanzas, a 2 años de prisión con suspensión. También deberá pagar G. 50 millones como reparación del daño particular y G. 10 millones por reparación del daño social. Sus acciones permitieron desembolsos irregulares en pandemia.