14 ene. 2026

Tras irregularidades en PGN 2024 convocan a MEF, DNCP y Fiscalía

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Dionisio Amarilla

La Comisión Bicameral del Congreso Nacional, encargada de analizar el Informe y Dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) con respecto a la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, decidió ayer convocar al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos; al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; y al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, a fin de abordar en conjunto las irregularidades que fueron detectadas.

Asimismo, según señaló el presidente de la Comisión, Dionisio Amarilla, también esperan que asista el contralor general de la República, Camilo Benítez.

Señaló que el objetivo es interiorizarse respecto a todos los reportes de hechos punibles que está haciendo la Fiscalía General tras las denuncias que haya hecho la Contraloría, además de acceder a detalles con respecto a los contratos que se suscriben desde los organismos y entidades del Estado.

“Las variaciones que tienen por adenda, las que tienen impacto presupuestario, reajustes, intereses, etc., y si estas son pertinentes o no. (...) Vamos a buscar ahora el día y hora en que los tres puedan comparecer, o los cuatro, en este caso”, dijo Amarilla ante los medios tras la sesión.

Mientras tanto, durante la reunión, manifestó que se debe aclarar también el motivo por el que se aprueba un monto para ciertas compras, pero finalmente se ejecuta de más. “Queremos interiorizarnos, saber qué es lo que está pasando entre lo que aprobamos y por qué aparecen en el camino deudas que evidentemente no están coordinadas entre instituciones. Se aprueba un presupuesto para una compra por 100, pero en el camino sufre modificaciones y termina en 120; en el camino vuelve a sufrir variaciones en las especificaciones, por lo que llega a 140 y finalmente sufre reajustes y con los intereses ya llega a 170”, expresó el senador.

El informe de la CGR señala 216 casos punibles por USD 759 millones en siete años, mientras que solo durante este año reporta 28 hechos, por un total de USD 16 millones.

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