PRESIDENTE FRANCO
Un pequeño alivio dio a los vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco una resolución del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que revocó una licencia ambiental otorgada a una cantera, que funciona en pleno centro urbano.
Sin embargo, los vecinos exigen el cierre definitivo y acusan de inacción a las autoridades locales, que ahora tienen vía libre con la suspensión de la licencia ambiental, para tomar medidas contra una de las canteras.
Los pobladores llevan más de diez años luchando para frenar la destrucción de sus viviendas, edificios de iglesia y escuela, además del deterioro de las calles por el tránsito de vehículos pesados y el riesgo permanente ocasionado por las explosiones permanentes en la zona. Unos 5 mil vecinos estarían afectados, según las denuncias.
“Lastimosamente no actúan las autoridades. Si no andamos detrás de ellos, no hacen su trabajo”, afirmó la vecina Norma Lugo. La Municipalidad les sacó la patente, ahora ya no tienen la licencia ambiental, y ellos siguen operando, según la vecina.
“Mi casa está a mil metros del local y ahora tenemos que reforzar las paredes por las grietas. Los que viven en frente ya tienen sus casas partidas, con peligros de derrumbe”, indicó. Lugo sostuvo que gracias a que la concejala Julia Ferreira les acompañó pudieron gestionar ante el Mades la emisión de una resolución.
La determinación suspendió de forma preventiva la explotación de la cantera Itamí. Sin embargo, los trabajadores seguían realizando explosiones pese a la notificación, según las denuncias.
La Municipalidad de Presidente Franco celebró la medida del Mades, que dejó sin efecto la declaración que en 2020 había aprobado el estudio de impacto ambiental. Esta disposición se suma a la investigación penal abierta por la fiscala Zunilda Ocampos.
Los reclamos de los vecinos son reiterados ante la Junta Municipal y el intendente Roque Godoy. Incluso, la semana pasada realizaron una manifestación frente a la vivienda del jefe comunal, a quien acusan de inacción. Ahora no descartan una nueva manifestación.
La fiscala Ocampos había allanado la cantera Itamí en junio y dispuso el cese inmediato de las actividades, además de solicitar al Juzgado de Garantías la clausura definitiva del predio por múltiples irregularidades constatadas. Pese a ello, la firma continuaba operando.
Paralelamente, el propietario de Itamí, Miguel O’Hara, y el de la cantera Roca Negra, Miguel Ángel Riquelme, acudieron a la Junta Municipal para argumentar que no podían cerrar sus empresas por los compromisos económicos asumidos y porque son fuente de trabajo para cientos de familias, expresando la voluntad de llegar a un acuerdo con los vecinos.
