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España suspende la entrega a EEUU del ex general chavista Hugo Carvajal

La Justicia suspendió este viernes la extradición de España a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, reclamado por presuntos delitos de narcotráfico, a petición de su defensa para subsanar un defecto de forma, poco después de que se hubiera anunciado que sería el próximo sábado que se haría efectiva.

La Audiencia Nacional de España aceptó la petición de la defensa del ex general chavista Hugo Carvajal, conocido con el sobrenombre de El Pollo, que se encontraba en una prisión madrileña después de ser detenido en la capital española el pasado setiembre con ayuda de la DEA estadounidense, dos años después de darse a la fuga.

Carvajal estaba citado a comparecer como testigo el próximo 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a ex dirigentes de la formación de izquierda Podemos, socios del Partido Socialista en el Gobierno, aunque el tribunal español decidió mantener la extradición a pesar de todo.

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La Justicia estadounidense le reclama por haber querido "inundar" Estados Unidos con toneladas de cocaína, que, según este país, introducía en ocasiones con ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la petición de extradición, a la que tuvo acceso Efe, la corte del distrito sur de Nueva York informaba de que el Gran Jurado imputa a Carvajal haber sido miembro de la organización de narcotraficantes El Cartel de los Soles, compuesta por oficiales venezolanos de alto rango.

Cuando compareció por primera vez en España por su extradición afirmó que la reclamación de EEUU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez, ya fallecido.

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Desde entonces aportó ante el tribunal español todo tipo de documentos para acreditar, entre otras cuestiones, un supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el despacho de abogados Ilocad, que dirige el ex juez español Baltasar Garzón.

Por ese contrato, la petrolera estatal venezolana pagaría 8,8 millones de euros (USD 13,7 millones) por la defensa de sus intereses en España.

Fuente: EFE.

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