Hay palabras que no existen en castellano, pero que deberían existir. La “insolitez” es una de ellas. Si lo insólito sirve para definir algo raro o extraordinario, debería haber una palabra que refleje la situación en la que lo inusitado se vuelve norma cotidiana. Es lo que pasa con frecuencia en nuestro ámbito jurídico. Intentaré explicarme con ejemplos.
Insólito fue que Enrique Rojas Ravinovich, uno de los asaltantes más peligrosos de los años 80 y 90, luego de atracar comercios, bancos y camiones de caudales, en 2004, ya “rehabilitado”, escribiera un libro titulado Cómo volver loco a un ladrón. Era un manual de prevención ciudadana con consejos útiles para no ser víctima de robos.
El problema fue que, meses después de promocionarlo, lo hirieron de bala cuando intentaba asaltar a alguien.
Imposible no relacionar su caso con el de la jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, una de las protagonistas de la “mafia de los pagarés”.
Acusada en tres procesos simultáneos, con juicio oral pendiente, procesada y suspendida de su cargo. Pero entonces la ex jueza, en sus redes sociales, ofrece asesoría legal para que la gente evite ser estafada justamente con el mecanismo que ella, presuntamente, ayudó a perpetrar. “Evitá ser demandado por desconocimiento”, escribe.
La presunción de inocencia la ampara, claro. Pero es, cuando menos, audaz de su parte. Como si Al Capone, desde la cárcel, vendiera cursos de prevención de extorsión. Esto solo puede suceder en un estado de insolitez.
Hace unos días la Cámara de Diputados organizó una jornada sobre transparencia gubernamental, titulada “El derecho de acceso a la información pública”, con el apoyo de la Contraloría y el Ministerio de Justicia.
Entre los disertantes estaban Yamil Esgaib y Rocío Abed, dos de los legisladores que de manera más sistemática se oponen a los pedidos de informes al Ejecutivo y bloquean las solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo los gastos del IPS, las compras dudosas y el hermetismo sobre las binacionales Itaipú y Yacyretá.
Es como si el lobo diera una conferencia sobre cómo cuidar el rebaño. Insolitez en estado puro.
Rocío es abogada y Yamil... bueno, es administrador de empresas, aunque se niega a mostrar su título, proveniente de la misma universidad que le dio un diploma exprés a Hernán Rivas. A propósito de la Sudamericana, hay cerca de 400 títulos de abogacía bajo sospecha, incluyendo los de 44 funcionarios de la Corte Suprema.
¿Insólito? No: insolitez académica.
En esa charla podrían haber hablado del cajoneo judicial, ese arte nacional que consiste en meter denuncias en un cajón y esperar que el polvo las vuelva invisibles. Pero no invitaron a nadie de la Fiscalía. Lástima. Porque allí hay expertos de primer nivel. Por ejemplo, la fiscala adjunta, que simplemente cajoneó durante tres años la denuncia contra el título falso de Hernán Rivas. O el mismísimo fiscal general que primero quiso mandar a la Contraloría la denuncia por la “campaña sucia” de desprestigio contra periodistas —como quien manda un expediente a la papelera de reciclaje— y recién cuando la presión arreció nombró fiscales. Son casos de insolitez judicial.
Para llegar a esta situación, en la que lo insólito se vuelve consuetudinario, es necesario retrotraerse a los orígenes formativos de nuestros abogados. Una investigación periodística reveló que Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete de “Nenecho” Rodríguez, acusado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y los “detergentes de oro”, ¡daba clases en la Facultad de Derecho! Eso es insólito.
A raíz de eso, el profesor fue suspendido provisionalmente por el decano para proteger la imagen institucional. Pero, días después, un exaltado grupo de estudiantes rodeó al decano exigiendo la restitución del docente. Eso es insolitez.
Como ven, la palabreja no existe. Pero sin ella es difícil describir la realidad paraguaya.
