La primera Ley de Deforestación Cero fue promulgada en 2004 y desde entonces fue modificada y ampliada en cuatro ocasiones. Las primeras dos extensiones fueron por dos años cada una, la tercera por 5 años y la última por dos años nuevamente. Ahora hay sectores que presionan para que ya no se amplíe.
Al respecto hay dos proyectos de leyes. Una de ellas, presentada por el senador Enrique Salyn Buzarquis, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que plantea extender la vigencia de la Ley 6256 por tiempo indefinido. También existe otro proyecto, presentado por el mismo legislador, que propone extender la figura de Deforestación Cero también a la Región Occidental o Chaco, en donde en los últimos años se han denunciado altos niveles de desmontes.
Al respecto, más de 60 organizaciones ambientalistas del país exigen al Congreso extender los alcances de la Ley de Deforestación Cero por tiempo indefinido o al menos por diez años más. “Las condiciones no están dadas para que cese la Ley de Deforestación Cero por las siguientes razones: La restauración de los bosques en la Región Oriental tienen un proceso lento y complejo, además de que no se han hecho las recomposiciones correspondientes a las áreas deforestadas”, expresó al respecto el ingeniero forestal Osvaldo Turlan, director de Proyectos Ambientales de A Todo Pulmón, según un informe publicado ayer por este diario.
La misma organización ambientalista sostiene que el Paraguay ha perdido más del 90% de la masa forestal de la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, la mayor parte de los bosques en la Región Oriental fueron deforestados para hacer un cambio de uso de suelo, principalmente para la ganadería y agricultura mecanizada.
A Todo Pulmón también sostiene que, actualmente, la Ley de Pago por Servicios Ambientales no es efectiva y, por lo tanto, no hay un incentivo real para conservar los bosques para aquellos propietarios de bosques con certificación ambiental. Indica que se necesita un fortalecimiento de las instituciones rectoras en materia ambiental y de bosques, además de una especial atención a la situación de las áreas silvestres protegidas.
Hasta ahora no se han cumplido los propósitos de una adecuada reforestación, como se indicaba en el espíritu de la ley. La gran falta de control por parte de fiscalizadores del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), como las inacabables prácticas de corrupción hacen que las prohibiciones no se cumplan en ámbitos de la autoridad ambiental.
Las escasas áreas de reserva forestal siguen siendo depredadas. La inexistencia de dicha ley permitiría una mayor impunidad para seguir deforestando.
