–¿Qué opina sobre el crecimiento económico e inflación 2024, según estimación oficial?
–Las proyecciones oficiales se mantienen en 3,8% del PIB y 4% de inflación para este año. Las estimaciones privadas; sin embargo, suponen una caída en el crecimiento por la reducción del consumo y menor precio internacional de la soja, así como el probable aumento de la inflación por la incertidumbre externa del tipo de cambio y las tasas de interés.
Pero la situación preocupante constituye, por un lado, el escaso efecto derrame o goteo del crecimiento económico que se traduce en el estancamiento del nivel de pobreza entorno al 25% en los últimos años. Y según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las tasas de desempleo y subempleo del primer trimestre llegan al 9%, que representa 300.000 personas con dificultades laborales, y por el otro, la inflación que afecta a la mayoría, no es el Índice de Precios del Consumidor (IPC), sino la inflación de los precios de los rubros de alimentos básicos, que son más elevados que el IPC y erosiona la capacidad adquisitiva de los pobres. En definitiva, ambos efectos –escaso derrame del crecimiento y más elevada inflación de alimentos– repercuten en la mayoría de las personas con trabajo precario y bajo e incierto nivel de ingresos.
–¿Los datos recientes de Banco Central del Paraguay (BCP) reflejan una desaceleración económica?
–Efectivamente, en el mes de marzo se registró una caída de 3,9% con relación al mes anterior en los sectores de comercio, servicio y manufactura. La tasa de política monetaria se mantiene en 6% este año, repercutiendo negativamente en el nivel de consumo y en el Producto Interno Bruto (PIB). De allí que las consultoras estiman que el crecimiento sería menor que 3,8% proyectado por el BCP.
–¿Hay una retracción de la inversión pública como sostiene el sector vial?
-El Gobierno enfrenta el desafío de no exceder el déficit fiscal de 2,6%. Este tope implica aumentar significativamente el ingreso tributario o recortar los gastos o una combinación de ambos. El primer cuatrimestre del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reportó un incremento de gastos de servicios personales 7,3% y una retracción importante de las transferencias para la inversión pública de 67,1%. La ralentización de las obras públicas repercute adversamente sobre el empleo. Esta caída de las inversiones impacta directamente el mercado laboral, según el informe del INE, en el primer trimestre de este año, se registró una desocupación de 6,9%, que representa 212.000 personas desempleadas, 70.000 ocupaciones menos que el trimestre anterior.
–¿A qué obedece la depreciación de la moneda doméstica, el tipo de cambio aumentó este mes?
–El incremento del tipo de cambio, en parte, se debe a la apreciación del dólar a nivel internacional y, en parte, al menor ingreso de dólares de exportación por la caída de precio de la soja entorno al 30% con respecto al año anterior (-162 USD/tonelada) y al aumento de la demanda del dólar para la importación de bienes y servicios. Recordemos dos situaciones. Primero, la venta de dólares en el mercado local por el BCP permitió cortar los saltos en la cotización del dólar. En abril, el BCP para frenar la suba utilizó USD 324 millones de sus reservas, caso contrario hubiera disparado aún más el dólar. Segundo, la deuda está dolarizada (86,3% del total de deuda) y el pago del servicio de la deuda implica demanda del dólar del gobierno para cumplir sus compromisos. Por consiguiente, es razonable que el tipo de cambio para este año se estime en torno a 7.500 G./USD.
–El Gobierno sostiene que está avanzando en las reformas estructurales, ¿qué opinión le merece?
–Hay avance, de hecho, con la reorganización de la administración pública (ministerios y secretarias autónomas), la función pública y la carrera del servicio civil, la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y está pendiente la reforma de la Caja Fiscal. Los resultados veremos más adelante. Sin embargo, el atraso de la reforma de los seis sectores que integran el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público o Caja Fiscal es preocupante. El costo anual del déficit operativo de la Caja Fiscal es de USD 160 millones que pagamos los contribuyentes; recursos que deberían haber sido direccionados a los sectores pobres y excluidos del sistema de seguridad social (más 75%). Además, la diferencia de beneficios de tres sectores privilegiados (militares, policías y magisterios) frente a los otros tres es injusta e inadmisible que debería ser eliminada con la reforma. Asimismo, el MEF debe avanzar en la implementación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones por la urgencia de mejorar el manejo financiero del sistema jubilatorio en su conjunto.
– ¿La propuesta de reforma parcial del Instituto de Previsión Social (IPS), qué le parece?
–Para resolver los múltiples problemas del IPS, dicha reforma parcial no cumple con el propósito, exigiendo un examen médico de admisión y aumentar el aporte de los asegurados con enfermedades preexistentes. Los manejos administrativos, la falta de transparencia y las debilidades de los controles (personal, atención a los asegurados, insumos, medicamentos y equipos) son los cambios que permitirían mejorar la situación financiera y la atención a los asegurados. Lo que corresponde es una reforma total del sistema de seguridad social del sector privado, creado en el año 1944, para aumentar la cobertura, la solvencia financiera y el mejoramiento de los servicios a jubilados y aportantes.
