Es imperiosa una ley de protección a periodistas y sus familiares, ya que están expuestos a riesgos constantes por el trabajo que realizan y a una evidente vulnerabilidad. Aquellos que investigan a autoridades o funcionarios ligados a hechos de corrupción, a la mafia y a otras ilicitudes, o que investigan al crimen organizado, son los que más peligro corren. Una normativa que implemente mecanismos para garantizar sus labores, como también para los defensores de derechos humanos, es justa y necesaria. No implica un privilegio.
Está en estudio en el Congreso un proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. La elaboración de una normativa para garantizar el desempeño de los trabajadores de prensa en sus respectivas tareas es justa y necesaria, habida cuenta de los riesgos que deben correr.
Los periodistas que llevan a cabo investigaciones sobre hechos de corrupción que vinculan a autoridades o directamente que los ligan con el narcotráfico o el crimen organizado son los que más peligro afrontan, como lo ocurrido con el periodista Pablo Medina, quien pagó con su vida por el trabajo que realizaba como corresponsal. Y en un tiempo más lejano, lo ocurrido con el periodista Santiago Leguizamón, en Pedro Juan Caballero. También recientemente se registraron ataques a tres periodistas en Lambaré, dos de ellos de medios de temas judiciales.
Los trabajadores de prensa que desarrollan sus actividades en zonas complicadas del interior o en la frontera son los más vulnerables, ya que la mafia del narcotráfico se mueve a sus anchas por esos lugares y en la generalidad circulan con total impunidad. Incluso sabido es que los narcos mantienen un estrecho vínculo con los políticos, ya que los capos del tráfico de drogas suelen aportar dinero para sus campañas; no en vano en varias ocasiones estos gestionaron ante la Justicia la libertad de aquellos.
De ninguna manera constituye un privilegio para los periodistas la elaboración de una ley de protección para ellos y sus familiares, ya que están expuestos a riesgos constantes y a una evidente vulnerabilidad por el trabajo que realizan, especialmente los que investigan a autoridades o funcionarios ligados a hechos de corrupción, a la mafia, y a otras ilicitudes.
La sociedad necesita de periodistas valientes que destapen esquemas que se aprovechan de los recursos públicos, en el cual están involucrados autoridades como los casos de nepobabies, o de funcionarios planilleros que figuran con el amparo y reparo de sus familiares que están insertos en el poder.
Muchas veces lo que la Fiscalía no investiga por su cercanía con el poder, los trabajadores de prensa lo suelen hacer, por lo cual es imperiosa una legislación que articule un sistema con mecanismos de protección que garantice el trabajo que realizan en beneficio de la sociedad.
Igualmente, la legislación debe contemplar a los defensores de derechos humanos, quienes asimismo deben desarrollar tareas en medio de riesgos en favor de aquellos que se ven vulnerados en estos derechos o hacer un seguimiento de que se cumplan garantías, como que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, cuando el Estado se excede con una fuerza desmedida en los procedimientos, arrestos ilegales y represiones por manifestaciones en las calles, los defensores tienen un rol muy importante que asumir en medio de situaciones adversas.
La legislación debe ser emitida atendiendo que existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso Santiago Leguizamón, el cual establece que el Estado paraguayo debe generar una ley que proteja a periodistas y personas defensoras de DDHH. Caso contrario, estaría incumpliendo la sentencia.
Un periodismo fortalecido no siempre es bien visto por los que detentan el poder público, teniendo en cuenta que es una piedra en el zapato de aquellos quienes se aprovechan de sus puestos para realizar sus chanchullos y de los recursos estatales para fines particulares en desmedro de la ciudadanía. La normativa debe contemplar a periodistas y defensores de derechos humanos.
