El tercer año de mandato del presidente Santiago Peña, en el ámbito económico y político se revela como un escenario dicotómico. Por una parte, la administración ha consolidado al país como la economía con mayor dinamismo en la región gracias al crecimiento económico. Por otra parte, este brillo estadístico choca contra fallas estructurales que impiden dar pasos hacia el desarrollo. Un mercado laboral precarizado, la desigualdad económica y un manejo poco serio de las finanzas públicas neutralizan el resultado anterior.
En términos de resultados puros, el tercer año de gestión del presidente de la República, Santiago Peña, ha estado marcado por cifras que posicionan a Paraguay como un referente regional de resiliencia financiera.
El país experimentó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 6,6% al cierre de 2025 –el nivel más alto en los últimos 12 años– y va en 2026 con una expansión del 4,2%. Este avance estuvo apalancado fuertemente en el repunte sostenido de las exportaciones agrícolas, la apertura de nuevos mercados y un crecimiento del consumo interno.
Si bien uno de los hitos más importantes fue la obtención del “grado de inversión” por parte de dos agencias de calificación, dichas notas se ensombrecen ante la realidad escondida del déficit fiscal que si se hubiera transparentado antes probablemente habría afectado negativamente.
Un punto a favor fue la salida del ministro de Economía y Finanzas, pero permanecen las de Obras Públicas y Salud, carteras que originaron la crisis financiera que enfrenta hoy el Estado paraguayo.
La política monetaria representa otro de los bastiones del Gobierno. Frente a la volatilidad de los mercados globales, la banca matriz está logrando su meta de inflación general. No obstante, la inflación de alimentos y combustibles conducen a una pérdida del valor adquisitivo de los ingresos laborales, en un contexto que se suma a la precariedad laboral y la inseguridad económica por la falta de acceso a sistemas integrales de protección social.
Pese a la elocuencia de la narrativa oficial, el análisis de los indicadores microeconómicos muestra que el modelo económico enfrenta severas limitaciones para distribuir los beneficios del crecimiento hacia gran parte de la sociedad. A la baja capacidad redistributiva del crecimiento económico se agregan las restricciones fiscales y la baja calidad del gasto público.
El pago de la deuda y la escasa capacidad recaudatoria impiden reformas estructurales en los sistemas de protección social, educación y salud.
Uno de los ejemplos más claros es posiblemente el del Instituto de Previsión Social (IPS) que visibiliza la crisis económica y financiera del sistema sanitario debido a la pésima gestión, que se suma a la del Ministerio de Salud con una deuda pendiente y los mismos problemas de ineficiencia y calidad de la atención. El cambio en el IPS da una señal positiva.
Iniciando su cuarto año de mandato, la gestión de Peña tiene la urgencia de abandonar la zona de confort macroeconómica para enfocarse en cuellos de botella estructurales.
Desde la perspectiva institucional y política, el presidente –quien cuenta con mayoría parlamentaria– tiene el desafío de capitalizar esta gobernabilidad a favor de la población. Su mayor prueba será iniciar las reformas estructurales para que el crecimiento económico se traduzca en mayores niveles de bienestar.
El modelo económico debe ser transformado para mejorar sustancialmente el sistema educativo y de salud para aumentar el capital humano, dotarle de calidad al trabajo remunerado y garantizar niveles bajos de inflación de alimentos para empezar. La administración ha consolidado al país como la economía con mayor dinamismo en la región gracias al crecimiento económico, pero este brillo estadístico choca contra fallas estructurales.
Para que la estabilidad y el prestigio global alcanzados dejen de ser meros hitos discursivos con algunas estadísticas rimbombantes, el Gobierno debe dejar atrás la autocomplacencia macroeconómica y dirigir toda su energía y capital político hacia la redistribución y el desarrollo.
