El líder de la bancada del Frente Guasu, Jorge Querey; la senadora Esperanza Martínez y el asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Senadores, Emilio Camacho, entregaron este miércoles dos biblioratos y un pendrive con documentaciones y datos recabados respecto a la investigación abierta por lesión de confianza en la Conajzar.
La entrega de los documentos fue ante una de las fiscalas de la causa, María Estefanía González. En el caso se encuentra imputado el titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz; el ex procurador Sergio Coscia y otros seis integrantes del Consejo de Administración de Conajzar.
“Lo que hicimos fue completar toda esa documentación y creemos que va a sumar más datos con respecto a la imputación. Aquí se han incumplido contratos, se han sacado resoluciones de Conajzar, que son absolutamente ilegales, y se ha beneficiado a una empresa en desmedro de los excombatientes, del Fondo para Enfermedades Catastróficas y también en desmedro de los quinieleros”, denunció Querey.
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El legislador señaló que ante los hechos de corrupción y de redes delictivas que salen a la luz, las autoridades y representante del Pueblo se deben esforzar en limpiar las instituciones “de los bandidos”.
Destacó como un hecho positivo las imputaciones que se realizaron en el marco de una serie de investigaciones, que dijo espera se profundicen, con el objetivo de llegar a un juicio oral y público.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez cuestionó que Ortiz y los demás integrantes del Consejo Administrativo imputados sigan en sus cargos siendo “jueces y partes” en el caso.
“Hay que intervenir la Conajzar, ya lo hemos solicitado en su momento cuando se pidió la interpelación del presidente de la Conajzar, que lastimosamente no tuvimos los votos pertinentes, pero urge que el presidente de la República le cambie y que por lo menos los integrantes o toman un gesto ético y renuncian o son cambiados, porque no pueden ellos continuar en la institución”, indicó.
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Sobre el caso, el abogado Emilio Camacho señaló que Conajzar adjudicó la explotación de la quiniela a una empresa morosa violando la ley y violando su propio reglamento. En segundo lugar adjudicó en forma directa la explotación de máquinas tragamonedas cuando esto es potestad de los municipios, además que la firma permitió que se habiliten en locales, en restaurantes y bares, donde asisten niños, lo que también está prohibido por ley.
La denuncia la habían hecho los senadores del Frente Guasu en agosto del año pasado. La Fiscalía sospecha que cedieron las atribuciones de fiscalización a una empresa privada y por adjudicar la quiniela en forma irregular. Este miércoles se realizaron dos allanamientos en las oficinas de la Conajzar, como parte de la investigación.
