Las fallecidas fueron Hermelinda Báez de 55 años y Montserrat Brítez de 15 años, domiciliadas en Calle A 2, de Encarnación. La mujer y su nieta eran feriantes en la avenida Japón, ubicada a media cuadra del edificio en cuestión, hasta donde habían acudido para guarecerse de la lluvia que caía en ese momento, sin imaginar que ya no saldrían con vida del lugar.
Lamentablemente, a un año del suceso ni una sola persona no se encuentra tras las rejas como responsables del hecho que enlutó a una humilde familia, que sigue clamando justicia.
La ciudadanía, en especial los familiares de las víctimas fatales, quieren que los responsables de la obra, la propietaria y las autoridades paguen por la grave negligencia que cometieron.
Hay varios imputados, entre ellos el intendente
En la causa denominada “Roberto Faustino Ramírez Faria y otros s/ homicidio culposo y otros”, están imputados el intendente de Encarnación Luis Yd, el director de obras ingeniero René Orlando Miglio Ferreira, el arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faria, la propietaria del inmueble Ramona Teresa Bogado Benítez y el encargado de la obra Roberto Montiel Cabral.
Los mismos están procesados por la comisión de los hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción, exposición de personas a trabajos peligrosos y homicidio culposo.
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En ese sentido, el pasado 13 de marzo por resolución del Juzgado Penal de Garantías 5, se dispuso el inicio del procedimiento preparatorio impulsado por el equipo fiscal conformado por Enrique David Fornerón, Rocío Carolina Valdez y Francisco Javier Martínez.
Conforme a la imputación fiscal, el intendente de Encarnación es investigado por el supuesto hecho punible de homicidio culposo en calidad de autor, omisión de evitar un resultado y cómplice del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción.
El edificio debía ser de cinco pisos, pero ya tenía ocho
De acuerdo con la carpeta fiscal, el proyecto de edificación fue presentado en el 2023 por la propietaria del terreno Ramona Teresa Bogado Benítez y el arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faria.
Inicialmente, el edificio era para un Apart Hotel y en principio según los planos iba a ser de cinco pisos, pero en el momento del colapso la estructura ya tenía ocho niveles que se desplomaron completamente en cuestión de segundos, quedando convertido en una gran masa de escombros.
El hecho puso también en evidencia graves falencias en los controles técnicos, administrativos y estructurales vinculados al crecimiento urbanístico de la ciudad, además, es uno de los puntos claves y centrales de la investigación.
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Asimismo, el colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena y abrió el debate sobre la seguridad en las construcciones, el control municipal de las obras, la responsabilidad de profesionales y desarrolladores, como también la nula supervisión en la ejecución de los proyectos.
El permiso municipal fue otorgado, pese a irregularidades, dice Fiscalía
Según la imputación fiscal, el permiso municipal fue otorgado pese a las irregularidades documentales y técnicas, entre ellas la falta de planos estructurales firmados por un ingeniero civil responsable, la inexistencia de estudios de suelo y deficiencias en la documentación técnica requerida.
Así también, durante la ejecución de la obra se habrían utilizado materiales insuficientes, fundaciones, vigas y pilares con dimensiones inferiores a las exigidas por las normas técnicas de construcción.
El equipo fiscal sostiene además que, tras completarse los niveles inicialmente autorizados, los responsables de la obra continuaron con más ampliaciones sin el permiso correspondiente.
Primero se avanzó con un sexto piso y luego con el séptimo piso, para luego presentar formalmente una solicitud de ampliación ante la Municipalidad de Encarnación.
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Incluso mientras la solicitud se encontraba en trámite, los responsables de la obra iniciaron la construcción del octavo piso, lo que aumentó significativamente la carga sobre una estructura que no estaba diseñada para soportar semejante peso.
Al respecto, el Ministerio Público sostiene que tanto el intendente Luis Yd y su director de infraestructura pública René Orlando Miglio, incurrieron en graves negligencias al autorizar el permiso de construcción sin verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por la normativa.
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Asimismo, los fiscales sostienen que no se adoptaron medidas oportunas para controlar o detener las ampliaciones irregulares que se realizaban en la obra.
La Fiscalía asegura que existen suficientes elementos para avanzar con el proceso penal contra los imputados.
