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En Yhú, pobladores están divididos por alcantarillado

La comunidad de Yhú, del Departamento de Caaguazú, se encuentra dividida a raíz del proyecto de alcantarillado sanitario que Senasa prevé para el casco urbano de la ciudad.

Se habla de USD 2,5 millones de inversión con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que apunta a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios localizados en el casco urbano de Yhú, en el Departamento de Caaguazú.

Por un lado están los que apoyan el proyecto y por otro los que cuestionan ciertos puntos, como la ubicación de la planta de tratamiento y el costo mensual de G. 30.000 que tendría el servicio, incluyendo agua potable que en la actualidad es administrada por la Junta de Saneamiento local.

Actualmente, la aguatera cuenta con dos pozos artesianos para responder a las exigencias de unas 1.000 viviendas que tendría un total de 5.0000 beneficiados.

Durante una audiencia pública desarrollada en la plaza de la ciudad, responsables del proyecto trataron de evacuar todas las consultas.

Las respuestas técnicas brindadas por los especialistas no llenaron a un grupo de ciudadanos que argumentaron encontrarse en el área de influencia de la planta de tratamiento ubicado a unos 5 kilómetros del casco urbano, camino a la colonia Zapatini Cué.

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<p>Varios ciudadanos cuestionaron el cobro de G. 30.000 por el futuro servicio.</p>

Varios ciudadanos cuestionaron el cobro de G. 30.000 por el futuro servicio.

El intendente municipal de Yhú, Arturo Jara, es el principal impulsor del proyecto del servicio básico que busca mejorar la salud pública de la población beneficiada. El titular del Ejecutivo comunal cree que la intransigencia del grupo cuestionador de la idea obedece a cuestiones políticas partidarias a meses de las elecciones municipales.

“Busco la manera de llegar a un consenso ciudadano para no perder este proyecto de suma importancia para el desarrollo de Yhú”, manifestó el intendente.

En contrapartida, se cuestionan algunos puntos del proyecto, como las consecuencias del tratamiento de aguas cloacales a vecinos del lugar indicado para su instalación.

Además, el costo de un máximo de G. 30.000 mensual fue motivo de fuerte debate entre las partes. Carlos Cardozo, uno de los participantes de la socialización pública, sentenció que una cosa es lo dicen los técnicos y otra es la realidad de todas las plantas de tratamiento.

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