Los datos provenientes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) señalan que al cierre del semestre los impuestos que pagan los consumidores siguen teniendo la mayor participación (66%) en los ingresos del Fisco, mientras que los tributos directos representan el 34% al cierre del semestre. Este es el núcleo central de la desigualdad en Paraguay, ya que la propia política fiscal no es capaz de garantizar equidad por el lado de los ingresos. Esta situación ubica a Paraguay como uno de los países más desiguales de la región.
La actual estructura impositiva hace que las personas de menores ingresos y los asalariados sean los que más sienten el sacrificio del pago de impuestos. Un informe realizado por un organismo internacional años atrás señalaba que el 10% más pobre de la población aportaba cerca del 18% de sus ingresos al Fisco, mientras que para el 10% más rico, el pago de impuestos solo representaba el 6% de sus ingresos. Según datos locales, los impuestos que pagan los consumidores tienen la mayor participación (66%) en los ingresos del Fisco, mientras que los tributos directos representan el 34% al cierre del semestre. Este es el núcleo central de la desigualdad en Paraguay, y la propia política fiscal no es capaz de garantizar equidad por el lado de los ingresos.
Una situación como esta no existe en un país moderno y desarrollado.
En ningún país europeo, americano o asiático competitivo, integrado al mundo y con niveles dignos de vida de su población, persiste una estructura impositiva basada en impuestos indirectos. Todos han transitado hacia una reforma que les ha permitido sentar las bases de su desarrollo en los impuestos directos por varias razones.
La primera razón es la de la justicia tributaria. La desigualdad en cualquiera de sus formas, incluyendo la tributaria, es nociva para el desarrollo. No permite construir bases sólidas para un crecimiento económico de largo plazo, aumenta las conductas delictivas, socava la confianza en las instituciones públicas y, por ende, afecta gravemente a la gobernabilidad.
No es justo que sean los pobres y asalariados los más afectados por el cobro de los impuestos, mientras los sectores más beneficiados por el crecimiento aumenten sus ingresos y no contribuyan en la construcción del país.
La segunda razón tiene que ver con la potencialidad de la recaudación. El desarrollo exige financiamiento para obras de infraestructura, gasto social y seguridad. Los recursos deben provenir de fuentes genuinas: los tributos de quienes ganan más gracias a los beneficios del crecimiento económico y el desarrollo.
El pago de la deuda exige mayores recaudaciones, pero a la vez continúa pendiente saldar la deuda social. Paraguay se encuentra entre los países de menor calidad de vida en la región y la pandemia empeoró condiciones sumamente negativas como, por ejemplo, la mortalidad materna.
No se les puede cargar el pago de la deuda pública a quienes ya están mal y con sus impuestos al consumo están financiando las escasas políticas públicas existentes. Estos mismos son los que sufren el pésimo sistema de salud y transporte público, la baja calidad de la educación y la casi inexistente protección social.
Paraguay está perdiendo la oportunidad de potenciar el bono demográfico y exige reformas tributarias con el fin de aumentar la inversión en capital humano, ya que actualmente invierte la mitad de lo que se considera mínimo para tener condiciones básicas de salud y educación. Por supuesto, también es importante avanzar en la eficiencia y calidad, pero este paso requiere recursos. Un docente o un personal de salud difícilmente pueda ser eficiente en un contexto de hambre y sin insumos o medicamentos.
Estamos en un momento de inflexión en términos del financiamiento del desarrollo. El aprovechamiento del bono demográfico es indispensable para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico, de la deuda y de la seguridad social, pero ello requiere inversiones en muchas áreas, que no pueden ser asumidas con un sistema tributario que recauda poco y de manera injusta.
