Los ingresos laborales se mantienen bajos y con incrementos anuales en algunos sectores por debajo de la inflación, con lo cual grandes colectivos laborales pierden capacidad adquisitiva. Otros sectores verifican incrementos cercanos al nivel de la inflación y muy pocos lograron superar este mínimo requerimiento. Los funcionarios públicos de alto rango aumentaron en un año casi 30% sus ingresos corrientes, muy por encima de la inflación.
Todos estos indicadores empeoran para las mujeres y la juventud con graves consecuencias en la calidad de vida en los hogares y en las oportunidades de construir una trayectoria laboral buena desde temprano y a lo largo de toda la vida.
Dado que casi el 40% de los hogares tiene jefatura femenina y que estamos en pleno periodo de bono demográfico, estas condiciones laborales suponen no solo un problema individual o familiar, sino también un fuerte obstáculo para el crecimiento a largo plazo, para lograr encauzar el desarrollo y garantizar un futuro mejor para todos.
Adicionalmente, se observa un aumento de la proporción de personas que trabajan más de 45 horas semanales a nivel nacional. Esta proporción aumenta en el sector urbano, donde en el sector construcciones y comercio, restaurantes y hoteles la cantidad de horas semanales es de alrededor de 50 y son ramas cuya informalidad se encuentra por encima del promedio nacional. A esta cantidad de horas deben agregarse las que se acumulan por la necesaria movilidad, que en el área metropolitana de Asunción es la principal queja debido a la pésima calidad del transporte público.
El desafío del crecimiento económico es crear empleos de calidad; es decir, por lo menos con salarios mínimos y seguridad social. La ciudadanía ni el gobierno deben conformarse con malos trabajos, ya que ello afecta a la calidad de vida, a la posibilidad de reducir la pobreza y, sobre todo, a la construcción de un país desarrollado.
Las estadísticas laborales muestran que el problema en Paraguay no es el desempleo, ya que la tasa de desocupación a nivel nacional es relativamente baja. El problema mayor es la precariedad del trabajo, reflejada en la informalidad y en el 15,9% de subocupación.
Una proporción importante trabaja en el sector privado o público sin ganar el sueldo mínimo, lo que constituye una irregularidad, puesto que trabajando en relación de dependencia deberían contar con dicho beneficio, sobre todo, en el sector privado regulado por el Código Laboral.
Es obligación del Estado y, del Gobierno de turno, implementar políticas públicas que cambien esta situación. El crecimiento económico por sí solo no tiene la potencialidad de generar buenos empleos. Para eso se crean los ministerios de trabajo, que deben ejercer su rol fiscalizador de manera a garantizar el cumplimiento de las normas laborales e implementar políticas que garanticen mejores condiciones de vida a través del trabajo decente.
La sociedad debe exigir empleos decentes y el sector público debe cumplir con las competencias y obligaciones que la ley le confiere. Solo de esa manera construiremos un país desarrollado y con el orgullo de insertarse en el escenario mundial como un país respetuoso de los derechos económicos de la población trabajadora.
