“Es imposible ser feliz en una sociedad que humilla y pisotea la dignidad”, exclamaba monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, durante la misa central en la Basílica de Caacupé. Este es un oportuno recordatorio para autoridades y funcionarios del Estado: Con urgencia deben escuchar los reclamos del pueblo y poner empeño en las labores que les fueron encomendadas. La población padece situaciones de necesidad, soporta humillaciones por servicios públicos deficientes y es víctima de la violencia y desigualdad.
El mensaje del obispo Valenzuela llega en un oportuno momento para la sociedad paraguaya, que enfrenta situaciones críticas y precisa que sus gobernantes presten atención a sus necesidades. Exactamente como lo hicieran los obispos del Paraguay en una carta pastoral en el mes de diciembre, un documento en el que llamaban la atención sobre la realidad del país: La educación en crisis, la marginación, abandono y desprotección de las comunidades indígenas, el abandono de los pequeños productores en la política de desarrollo rural, el autoritarismo, los abusos de poder, la corrupción en la gestión pública y privada, la explotación del planeta y sus recursos, entre otros.
Las comunidades indígenas del Paraguay, en particular, cientos de familias que subsisten en el Chaco en muy precarias condiciones, abandonadas por el Estado; necesitan con urgencia provisión de agua potable, alimentos y asistencia sanitaria, sobre todo, que las autoridades y funcionarios hagan posible que tengan bienestar y sean respetados en su dignidad. El Paraguay no puede seguir indiferente ante el padecer de los pueblos originarios.
Otro reclamo es la demanda de una política pública en salud. Urge mejorar la gestión y un mejor presupuesto para Salud, de ser necesario, recortar gastos innecesarios del Estado para asignarlos a la atención de la ciudadanía. Porque es inaceptable que los pacientes deban manifestarse frente a los hospitales públicos en demanda de asistencia o medicamentos para tratar sus afecciones.
De los representantes del pueblo –diputados y senadores– se espera asimismo una mejor gestión, y que dejen de priorizar sus propios intereses; que sean capaces de renunciar a sus descarados privilegios. Mientras la población del país vive en zozobra por la situación desbordada de violencia urbana, estos parlamentarios se dedican a poblar las instituciones del Estado con sus hijos y el resto de la parentela; a viajar a costa del presupuesto público al Caribe, Nueva York, Montevideo, Buenos Aires y ciudades europeas de ensueño, mientras aquí en el Paraguay, el pueblo que sostiene ese presupuesto público con sus impuestos, ni siquiera tiene un servicio público de transporte digno y eficiente.
En esta misma línea, resulta frustrante observar que diputados y senadores no tengan problemas de provisión de café y chipitas para sus sesiones, mientras que miles de niños paraguayos pobres no reciban kits ni el desayuno escolar.
Una mención especial amerita la juventud paraguaya, aquella a la que el papa Francisco había instado a “hacer lío, pero un lío organizado”, aquella a la que le niegan la oportunidad de vivir una vida digna y con bienestar. Los miles de jóvenes atrapados en el narcotráfico y el consumo de sustancias son el rostro visible de un Estado que no les ofrece oportunidades. Los jóvenes paraguayos no tienen cabida en los planes de gobierno y para ellos no hay políticas públicas que les preparen para el mundo del trabajo en condiciones dignas y seguras, como tampoco se les brinda las condiciones de vida necesarias para un desarrollo con salud, educación, acceso a la cultura y al deporte.
Autoridades y funcionarios deben tener presente este llamado: “Es imposible ser feliz en una sociedad que humilla y pisotea la dignidad”.
