A tres años de la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero que tuvo lugar en la historia del país, los investigadores presumen que la estructura criminal continúa activa. Al mismo tiempo, se considera que la red liderada por el presunto narco Sebastián Marset no solo sigue operando en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, sino que ya se habría expandido a Venezuela. Si a todo eso se suman la corrupción y la impunidad, Paraguay enfrenta una grave amenaza al sistema democrático y al Estado de derecho.
Estos dos serían los principales ejes del problema, aunque tampoco se deberían subestimar las consecuencias de haber prácticamente normalizado el poder del narcotráfico y del crimen organizado en nuestra sociedad. Esa sería la –lamentable– aceptación a nivel social de las situaciones de corrupción y prácticas ilegales. Se ha visto, por ejemplo, en años anteriores que personas investigadas e imputadas han obtenido votos y ganado escaños parlamentarios.
Esta situación responde a dos cuestiones; por un lado, la tremenda impunidad de los delitos, pues como es sabido en el Paraguay el delito de la corrupción pública pocas veces se paga. Por otro lado, no existe la condena social contra autoridades o funcionarios que traicionan la confianza y obtienen beneficios de su rol de administradores de los bienes del Estado.
Como señalara el sociólogo uruguayo Gabriel Tenenbaum, el crecimiento del crimen organizado en Paraguay y en el mundo se alimenta de la complicidad de las autoridades e instituciones del Estado para proteger sus negocios. Sostiene que el concepto de infiltración de las mafias en los Estados no se ajusta a la realidad, pues el término más apropiado sería protección o complicidad de los que administran el Estado, ya que existe una dependencia entre ambos para que el negocio sea exitoso.
Tenenbaum sostiene: “Hablar de infiltración le da una carga pasiva a lo que las instituciones, autoridades políticas o jerarcas en la parte administrativa de los gobiernos hacen para que el negocio funcione. El concepto más atinado me parece de cómo se termina expresando el fenómeno es la protección. Las instituciones no son infiltradas por el crimen organizado, se vuelven parte de la nómina de la organización criminal”.
Concretamente, el crimen organizado precisa protección de autoridades y funcionarios que ocupen posiciones claves, no solo en la esfera pública, sino también en la privada. Subrayó que se usan las mismas rutas aéreas o marítimas comerciales para mover tanto drogas o mercaderías como soja o carne, y para hacerlo exitosamente necesita una protección eficiente. Y esta fue la manera en que se fue montando el exitoso negocio de personas como Marset e Insfrán.
Paraguay ostenta el vergonzoso récord de estar ubicado entre los países que lideran el crimen organizado a nivel mundial, y somos triste y vergonzosamente una suerte de paraíso para el crimen organizado. Esto no hubiera sido posible de no tener un Estado débil e instituciones permeables. Sobre todo se debe asumir que la corrupción está dejando al país sin institucionalidad, afectando gravemente al sistema democrático y al Estado de derecho.
El panorama es complejo y la institucionalidad ya no puede soportar la presión ejercida por las diversas organizaciones del crimen organizado, que inciden incluso en la vida política y económica, y también en el día a día de la ciudadanía.
Finalmente, se debe decir asimismo que para hacer frente a la actual situación se necesitan autoridades y funcionarios comprometidos y honestos, y ya no aquellos “hombres escombro”, como los llamaba el recordado arzobispo de Asunción, monseñor Ismael Rolón.
