Numerosos casos de “parálisis” administrativa deliberada fueron revelados por ediles liberales y colorados disidentes durante el tratamiento de una minuta del concejal Carlos González (ANR-disidente), quien exigió medidas urgentes ante las reiteradas demoras en la tramitación de expedientes municipales.
El debate inició con una crítica de González hacia la gestión de los directores, a quienes calificó irónicamente como “magísteres”. “En la asesoría jurídica hay más de 700 expedientes de gente que vinieron a solicitar la prescripción de algunos años”, aseguró el edil.
González expuso casos de acumulación masiva de documentos, mencionando “más de 1.000" y cuestionó la veracidad de la administración de la asesoría jurídica, ahora a cargo de Jorge Sabaté. “Es vergonzosa la manera en que se están administrando estos magísteres que vinieron a descomponer esto, porque hay gente que quiere venir a pagar su cuenta, pero se le traba”, apuntó el concejal.
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Durante su discurso, González atribuyó parte de la culpa a Aarón Martínez, director de Catastro en la administración de Bello.
Por su parte, el edil Humberto Blasco (PLRA) resaltó que existe un retroceso administrativo por parte de la gestión de Luis Bello, atendiendo a que el ex interventor Carlos Pereira ya había “clasurado” la gestión irregular que se realizaba, y que se estaría gestando de nuevo, en el piso 8.
“Ha resucitado al piso 8, ha resucitado lo que el interventor dio por clausurado e informó con gran destaque en los medios de comunicación, hoy ha resucitado”, alertó.
Blasco hizo énfasis en que la retención de documentos es ilegal y perjudica a la recaudación municipal. “Cajonear expedientes de prescripción es ilegal, (...) es ilegal omitir el cumplimiento de un mandato de la ley, nadie está por encima de la ley”, señaló.
Antes, explicó que la prescripción “opera de pleno derecho” y “no hace falta ningún dictamen” para hacerlo efectivo. “Muere el tributo que es anterior a los 5 años”, resaltó.
La concejala Fiorella Forestieri (PLRA) también informó que a su despacho acudieron personas que también atraviesan por la misma dificultad para regularizar sus cuentas.
Hacia el final del debate, el presidente de la Junta, Arturo Almirón (ANR-disidente), recordó que en el periodo que toca a los actuales concejales, se buscó la regularización de astilleros, areneros y amarraderos que funcionan en el área de la Costanera Norte y Sur.
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El concejal aseguró que pese a tener resoluciones firmadas, estas empresas no logran regularizar sus documentos por causa de la inoperancia irregular de los abogados municipales. Almirón incluso aseguró que los expedientes no solo se retienen en el piso 8, sino también en el piso 3.
“Desde que iniciamos nuestro periodo, le citamos a casi todas las empresas, y 10 vinieron a ponerse (al día) con todos los documentos, y a meses de culminar nuestro periodo no podemos darles los documentos que ellos solicitan. Quieren meter plata a las arcas municipales, ¿qué lo que esperamos?”, cuestionó.
Ante la gravedad de la situación, el edil solicitó que se emplace a los “magísteres” a “liberar la carga administrativa acumulada” en un plazo de 8 días.
La minuta fue aprobada y también incluyó el requerimiento, en caso de no existir una respuesta de que los directores de Catastro y Asesoría Jurídica comparezcan en la próxima sesión para explicar la retención de los expedientes.
