El cambio climático y la variabilidad climática han dejado de ser proyecciones de largo plazo para convertirse en variables macroeconómicas y sociales con efectos a corto plazo. Ante la gravedad de la amenaza y de sus consecuencias sistémicas las autoridades gubernamentales deben diseñar e implementar un plan consensuado con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a productores de la agricultura familiar anticipándose al problema y no reaccionado después cuando los daños ya existen.
La reciente advertencia de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) que señala al menos un 60% de probabilidad de desarrollo del fenómeno de El Niño durante la primavera, sitúa a al país ante un escenario de fuerte vulnerabilidad económica y social en muchos ámbitos.
Las proyecciones anticipan fuertes inundaciones y en algún momento y países periodos de sequía, daños severos en la infraestructura pública y privada, y disrupciones críticas en los sistemas productivos. Esto incluye pérdidas de producción con consecuencias en la inflación de alimentos, con lo cual los efectos llegaran al corazón de la calidad de vida de la población.
La viabilidad económica, la estabilidad de los precios de consumo y el nivel de descontento social dependen de la capacidad de implementar medida antes de que el impacto climático se materialice.
La destrucción de la infraestructura física posee un doble efecto negativo. Por un lado, exige la reasignación de recursos públicos para la reconstrucción de emergencia, hoy inexistentes por la carga de la deuda pública. Por otro lado, interrumpe los flujos comerciales locales e internacionales, aislando a regiones productivas enteras y elevando los costos de transporte y logística.
La parálisis logística se traduce en pérdidas de competitividad. La incertidumbre climática frena la inversión privada y precariza el empleo formal e informal. La solicitud de planes de contingencia por parte de los gremios económicos y los gobiernos locales no responde a una simple demanda sectorial, sino al reconocimiento de que la falta de preparación ante un choque de oferta de esta magnitud puede empujar a las economías regionales a una recesión económica.
Si bien los daños a la infraestructura a gran escala capturan la atención de los titulares económicos, el núcleo de la vulnerabilidad socioeconómica reside en el sector agrícola, específicamente en la agricultura familiar. Los pequeños productores y campesinos son quienes operan con los márgenes de ganancia más estrechos y poseen la menor capacidad de adaptación financiera y tecnológica frente a eventos climáticos extremos. El exceso de precipitaciones y las inundaciones destruyen cultivos hortícolas, erosionan los suelos fértiles, proliferan plagas y dañan la pequeña producción pecuaria.
La afectación de la agricultura familiar tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria urbana a través de la inflación de alimentos. La inflación de alimentos es uno de los fenómenos económicos más regresivos, ya que penaliza con mayor severidad a los estratos de menores ingresos, quienes destinan un porcentaje significativamente más alto de sus recursos exclusivamente a la alimentación. La vulnerabilidad del campesinado implica la erosión del poder adquisitivo de la población general y el riesgo de incremento de la pobreza.
Es imperativo construir un plan de mitigación y adaptación consensuado que integre a las autoridades nacionales, los gobiernos departamentales, el sector empresarial y las organizaciones campesinas. Al democratizar el diseño de la estrategia, el Estado no solo protege la producción, sino que también fortalece el tejido social y la confianza en las instituciones. Sostener la estabilidad económica en tiempos de crisis climática requiere de una gobernanza que entienda que la capacidad de resiliencia no se define en un decreto ni en una ley de emergencia sino en un trabajo conjunto en el marzo de una gobernanza anticipatoria a los efectos negativos.
La advertencia de la NOAA sobre el advenimiento de El Niño constituye un llamado a la acción institucional que las autoridades no pueden postergar ni subestimar. Los costos de la inacción o de una respuesta improvisada superan con creces las inversiones requeridas para un plan preventivo estructural.
En política pública la prevención siempre es más barata que las reacciones una vez que los efectos negativos hayan ocurrido.
