En estos tres intensos años que llevamos con un gobierno de mayoría cartista en los poderes Ejecutivo y Legislativo, hemos sido testigos del abuso del poder del que presume la mayoría. “A los amigos todo, al enemigo la ley” es el claro mensaje cuando expulsan a una senadora opositora, mientras traban desafueros de amigos e intervenciones a municipios de correligionarios.
Como reportaba Última Hora recientemente, son notorias las trabas que se han puesto a lo largo de los años en la Cámara de Diputados para lograr la pérdida de investidura de parlamentarios investigados o imputados.
En lo más alto de este ranking se encuentra el diputado colorado cartista Esteban Samaniego. El primer pedido para el desafuero de este legislador fue comunicado a la Cámara en el año 2019, ya en el anterior periodo legislativo y cuando el diputado respondía al sector opositor Colorado Añetete.
En el 2019, Samaniego enfrentaba una querella criminal por difamación y calumnia que fuera entablada por una ciudadana. Luego, en el mismo año fue denunciado por el entonces senador opositor Jorge Querey, quien lo acusó de agredirlo en el estacionamiento del Congreso.
Posteriormente, en diciembre de 2023, se le abrió una causa por administración en provecho propio y asociación criminal mientras era intendente de Quyquyhó, entre 2011 y 2017; la Cámara Baja no se expidió y la Fiscalía reiteró la solicitud en 2024. Para entonces, el diputado ya había pasado a filas cartistas. Hoy, siete años después del primer pedido de desafuero sigue gozando de la protección de sus correligionarios. Dos diputados liberocartistas también tienen sendos pedidos de desafuero desde 2024; son Roya Torres y Cleto Giménez, por el caso de nepobabies.
Roya Torres había sido imputada por cobro indebido de honorarios junto a su hijo Elías Godoy, quien siendo bachiller y con solo 18 años había sido contratado por la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, con un sueldo de G. 9.500.000; la situación se convirtió en un escándalo porque el joven no se presentaba a su lugar de trabajo. Su padre Roque Godoy, intendente de Presidente Franco, llegó a habilitar una oficina en aquel lugar para justificar la ausencia de su hijo en la Cámara de Diputados.
Algo parecido sucedió con las dos hijas de Cleto Giménez, Johanna Denisse y Danna Maricela, quienes ganaban G. 3.300.000 y G. 7.700.000, respectivamente en la Cámara Baja.
Del lado de la oposición hubo menos casos; está el pedido de desafuero de Walter García, de Yo Creo. Este año, por complicidad en la supuesta sobrefacturación de obras del Hospital de Ciudad del Este, la causa en la que el principal investigado es el ex intendente Miguel Prieto, quien, como se sabe, es aspirante a la presidencia de la República en las elecciones del 2028. Asimismo, el caso más reciente es del colorado disidente Mauricio Espínola, quien ya había pedido su propio desafuero el año pasado tras una denuncia de Horacio Cartes. Este fue imputado hace poco por homicidio culposo, tras un accidente.
Frente a estos ejemplos destaca el caso de la opositora Kattya González; con una mayoría de 23 votos se decidió, en 2024, la pérdida de investidura de la legisladora; esto después de que el cartismo pasara por alto el reglamento aprobado por ellos mismos en diciembre del 2023, según el cual se precisaban 30 votos para la pérdida de investidura.
Después de dos años, los ministros de la Corte César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, junto a los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich, rechazaron la acción de inconstitucionalidad promovida por la ex legisladora; precisamente estos que habían tomado parte de la reunión secreta en Mburuvicha Róga, donde se habían encontrado los ministros de la Corte, el presidente de la República Santiago Peña y –presuntamente– el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes. Y, como corolario, después de pocos meses, todas las causales que fueron usadas para la destitución de Kattya González fueron descartadas por la Fiscalía.
En el Congreso Nacional no solamente se protege quienes forman parte de la mayoría, sino también a otros. Es el caso los pedidos de intervención de municipios; los municipios de Lima, Emboscada, Tomás Romero Pereira, Yby Yaú, Ñemby, Ybyrarobaná y Juan León Mallorquín, cuentan con pedido de intervención, los cuales transitan muy lentamente en la Cámara de Diputados.
