Se trata del empresario Kleber Ferreira, quien es presidente de la empresa Léros Comercializadora de Energía, acusada de supuestamente buscar ventajas en la compra de energía de la Itaipú Binacional, a través de Paraguay.
Ferreira fue condenado a una acción por más de USD 1.700 millones por dos tribunales de San Pablo, Brasil, por el incumplimiento del mercado de energía libre en el país vecino, según publica el medio brasileño Estadão.
Léros está siendo investigada por el Congreso Nacional, por supuestos vínculos en la negociación de la firma del acuerdo secreto por compra de potencia entre Paraguay y Brasil, que derivó en una fuerte crisis política que afecta al Gobierno de Mario Abdo Benítez.
La polémica también llegó al Brasil, donde legisladores de la oposición pidieron que se investigue al primer mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por el acuerdo.
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La empresa Léros fue vinculada al supuesto abogado Joselo Rodríguez, quien era presuntamente asesor de la firma y estaría relacionado al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Ambos, aparentemente, presionaron al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, para que firme el acta bilateral de compra de potencia, excluyendo un apartado sobre la venta de energía al mercado del Brasil.
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Con esto, de acuerdo a publicaciones periodísticas, se intentó beneficiar a Léros Comercializadora para que la firma logre exclusividad en la compra.
Crisis de Itaipú
El acuerdo secreto fue revelado el pasado mes de julio en Paraguay y generó una fuerte inestabilidad política en el gobierno de Mario Abdo, incluso, la oposición presentó dos pedidos de juicio político al presidente.
El escándalo también derivó en la renuncia de varias autoridades como el ex canciller Luis Castiglioni y el presidente paraguayo de Itaipú, José Alderete.
Según los técnicos paraguayos, en el acuerdo se pactaron condiciones que generaban un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Finalmente, el acta quedó anulada en medio de una crisis política que terminó con la unidad del Partido Colorado.
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La Fiscalía lleva adelante una investigación y el Congreso Nacional conformó una Comisión Bicameral para investigar el acuerdo y llegar a sus responsables.
