La histórica remontada de Luiz Inácio Lula da Silva para lograr su reelección se da en un escenario económico complejo para Brasil, caracterizado por persistentes presiones inflacionarias, deterioro de las cuentas fiscales, elevada deuda pública, altas tasas de interés y moderado crecimiento económico. El principal desafío del nuevo gobierno será recuperar la confianza de los mercados financieros sin abandonar los compromisos sociales que constituyen una parte fundamental de su programa político. Al día siguiente de la reelección de Lula, el real se depreció en un 9% y la bolsa de valores implementó el circuit breaker, mecanismo temporal de suspensión de transacciones cuando las acciones presentan fuertes pérdidas y que fue activado por primera vez desde la pandemia del coronavirus. El riesgo país se incrementó en un 27%, siendo todas estas señales de falta de confianza de los mercados en la nueva administración de Lula.
Los desafíos son múltiples y deberán ser abarcados de forma integral para restablecer la confianza y retomar la senda del crecimiento con estabilidad. Uno de los problemas más acuciantes de la economía lo constituye la inflación, que erosiona el poder adquisitivo de la población y contribuye al problema de endeudamiento doméstico. Las tasas de 2025 y la proyectada para 2026 superan el 4% anual, un punto porcentual por encima del objetivo de 3% anual del Banco Central. El abordaje de la inflación presenta un dilema para dicha institución, pues implica subir la tasa monetaria de referencia, que a su vez provoca el aumento de las tasas de interés, desalentando la inversión y el consumo privado.
El segundo gran desafío del nuevo gobierno de Lula es el deterioro de las cuentas fiscales. La expansión del gasto durante el tercer mandato de Lula generó dudas sobre la credibilidad fiscal y aumentó las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda pública, hoy en torno a 80% del producto interno bruto (PIB). Pese al compromiso de alcanzar el equilibrio primario, las cuentas registraron un déficit primario (es decir, antes del pago de los intereses de la deuda) de 61.700 millones de reales, exhibiendo una contradicción entre los intentos de restringir los gastos y el mantenimiento de las prioridades presupuestarias del Gobierno.
Para hacer frente a este deterioro, la nueva administración de Lula plantea una propuesta de enmienda constitucional que apunte al centro de la meta fiscal (punto medio entre los límites inferior y superior), como método para contener el gasto público y recuperar la confianza de los mercados. Sin embargo, el enfrentar a un Congreso significativamente fragmentado y en el que los partidos de derecha han tenido un incremento de su representación, vuelve muy desafiante el logro de la enmienda.
En resumen, Lula enfrenta principalmente desafíos económicos y fiscales, que se contraponen a su plan de expansión de programas sociales y de infraestructura. La situación actual comporta el riesgo de una estanflación (estancamiento económico combinado con inflación significativa), y Lula podría atravesar su nuevo mandato lidiando con persistentes incumplimientos de sus promesas electorales, así como un agravamiento de la ya significativa deuda y mora de un porcentaje importante de los hogares y las empresas.
