El comisario José Delgado, del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, afirmó que varios internos estaban viviendo en el Módulo 7 del penal de Emboscada, y que eso se descubrió en medio de la investigación tras la fuga de dos reclusos de dicho pabellón en la madrugada del domingo pasado.
Fuentes penitenciarias expusieron los nombres de quienes estarían gozando de privilegios.
Entre ellos se encuentran el pastor José Insfrán (A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (Pavo Real II) —hijo de Eulalio Lalo Gomes—, Alexis González (A Ultranza), José Estigarribia, alias la Maldad (A Ultranza), Marcio Gayoso, alias Candonga (presunto líder narco), Alan Caballero (líder de motín de internos) y Orlando Efrén Benítez (PCC), Luis Alberto Paiva Gutiérrez (alias Mariachi), Thiago Alessandro de Oliveira Dávalos Brites, alias Flamengo (Pavo Real II), y Oliver Daniel Lezcano, alias Policía.
Estos reclusos se encontraban en la parte alta del Módulo N° 7 —no habilitado todavía por el Ministerio de Justicia—, con electrodomésticos de cocina, ventilador de pie, un speaker (parlante) y cigarrillos. El único autorizado era la zona baja y el módulo contiguo, que es el Módulo N° 8, de Máxima seguridad, donde debían estar la mayoría de ellos.
Esto demostraría que ellos nunca estuvieron en el sector que les correspondía. La ex ministra de Justicia Cecilia Pérez expresó su preocupación hacia el incumplimiento con internos de máxima seguridad en diálogo con Última Hora.
“Este modelo de gestión penitenciaria no funciona e implica que acá hay un riesgo enorme para las personas que trabajan para los operativos, como los del caso A Ultranza”, advirtió.
Su criterio giró en torno al peligro y la vulnerabilidad en la que se encuentran tanto las autoridades que combaten al crimen organizado.
“Esquema de traslados”
Lanzó que existe un “esquema de traslados que genera ingresos”. Es decir, movidas de un módulo a otro dentro de la cárcel, o de una penitenciaría a otra, que se disponen de manera “interna”, contrariando las disposiciones de las autoridades judiciales.
Y lo más grave, apuntó, es que se juntan personas de altísimo perfil que deberían estar aisladas, que están con celulares y armas y volviendo a operar de la reclusión.
La ex secretaria de Estado sostuvo que con la última requisa ya no se puede negar el uso de un sector no habilitado, que demuestra que la gestión que se hace de manera interna “no da una garantía”.
Acá, va a ser clave la investigación de la Fiscalía para determinar las responsabilidades penales, sostuvo.
“Claramente acá el diseño no se está ejecutando como se dijo. Hay demasiadas falencias recurrentes. Hay falla sistemática y peligrosa”, expuso Cecilia Pérez, quien habla que se está replicando los vicios del viejo sistema.
Reveló que hay jueces que mandan a los internos a los sectores de máxima seguridad, pero que ahora no se sabe si realmente esto se cumple. “Si al contrario la persona se mueve dentro del sistema, quiere decir que no se cumple”.
Todos los que fueron enviados a máxima seguridad y que se encontrarían en las celdas vip, tienen alto perfil de peligrosidad.
No funcionaron los controles
El mismo interventor del penal de Emboscada, Gustavo Ferriol, dijo hoy que hay “agentes penitenciarios corruptos” y que falló el control, lo que permitió la fuga de los dos presos: Éver Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba.
Al respecto, la ex ministra también reafirmó que “los mecanismos de control mínimamente son nulos. Si hoy se hablaba de liberación de presos, ¿y luego de un plan, donde estaban ellos involucrados?”, comentó.
Afirmó que no hay un control diario, pese a que en teoría existe un sistema de monitoreo. "¿Dónde estaban los que controlan?, ¿reportan los hechos?, ¿qué reportan?”, planteó Pérez.
“Hoy no hay certeza de que exista el penal de máxima seguridad, ni que se cumplan los aislamientos. No hay certeza para los jueces y hay que eliminar los traslados de máxima sin control judicial”, analizó.
Y citó más fallas, aparte de la del sistema de control, como por ejemplo la formación de los guardiacárceles. “Nadie está preparado para eso (enfrentarse a grupos peligrosos). Son seis semanas de capacitación, esas no son condiciones para garantizar el funcionamiento de los centros”, finalizó.
