Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol, explicó este viernes que “está latente” la posibilidad de aumentar a G. 1.500 por litro el precio de los combustibles. Aclaró que aún no tomaron ninguna definición al respecto.
Aseguró que la promulgación de la Ley de Fondo de Estabilización por parte del Ejecutivo “les pone en una situación muy complicada”. Dijo que trabaja en el rubro hace 23 años y no recuerda “ninguna situación similar” y que es “totalmente atípica”.
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“Es un subsidio directo del Gobierno para la empresa estatal, donde le da una condición de venta que está fuera del alcance de todo el sector privado. 226 estaciones ya tienen un precio que el sector privado no puede ofrecer y es una competencia desleal”, explicó en conversación con la emisora 1020 AM.
Aclaró que los emblemas privados que comenzaron a disminuir o cortar el servicio de venta de combustible en distintos puntos del área metropolitana son los del sector minorista, que son las estaciones de servicios que están agremiadas a la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa).
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“Para nosotros la situación está complicada. La venta, con esa diferencia de precios, para nosotros no es alcanzable porque los precios que ellos (Petropar) están comercializando son frutos única y exclusivamente del subsidio para la empresa estatal Petropar”, agregó.
Comentó que el presidente de Petropar, Denis Lichi, había explicado al Congreso Nacional cómo funciona la estructura de costo y dijo claramente que el precio internacional debería ser G. 8.586 por litro y este costo en comparación a G. 6.050, en que están vendiendo ahora, implica una diferencia de más de G. 2.500 por litro y ellos no están en condiciones de alcanzar ese precio, porque se “escapa de la realidad de mercados internacionales”.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este viernes la ley que establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días para el gasoil común y la nafta de 93 octanos que vende Petróleos Paraguayos (Petropar).
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Se trata de la ley por la cual se implementan medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel tipo 3 y la nafta de 93 octanos por parte de Petropar y se establecen medidas de racionalización del gasto público y otras orientadas a la eficiencia de los procesos de compra pública para la provisión de combustibles derivados del petróleo.
La normativa también contempla la eliminación de todos los cupos de combustibles que tienen las autoridades públicas, con lo que esos recursos serán redireccionados al subsidio.
