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Pese a disconformidad, sancionan ley de fondo de subsidio para Petropar

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto ley que subsidia el precio diferenciado de la venta del diésel tipo III y la nafta de 93 octanos por parte de Petropar y excluye a los emblemas privados. La postura sentada por los legisladores es que se trata de una solución parche.

Reconociendo que la normativa no solucionará definitivamente el elevado precio del combustible, los diputados aprobaron sin modificaciones el proyecto de ley para compensar a Petropar por la reducción del costo del diésel común y la nafta de 93 octanos. El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo.

La normativa tiene por objeto implementar medidas transitorias de contingencia para la comercialización del diésel/gasoil tipo III y nafta de 93 octanos por parte de Petropar a los consumidores finales y se establecen otras medidas de racionalización del gasto público (eliminación de cupos de combustibles); como así también, aquellas orientadas a lograr una mayor eficiencia en los procesos de compra pública por parte de la petrolera estatal.

La Cámara Baja se constituyó en comisión y analizó el documento con la presencia del viceministro de Tributación, Óscar Orué; el viceministro de Economía, Iván Haas, y el presidente de Petropar, Denis Lichi.

Durante la explicación del proyecto, Orué mencionó que el Ministerio de Hacienda "no está tan de acuerdo con subsidiar a Petropar", pero que, de alguna manera, temporalmente, se pueden compensar los costos y que Petropar venda así a un precio más bajo de lo real, por lo que se decidió consensuar en dicho documento.

En ese sentido, recordó que dentro de la normativa existen medidas transitorias así como leyes permanentes. En el caso de las medidas transitorias, tendrán una duración de dos meses y un prórroga de no más de 60 días.

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Con relación a la eliminación de cupos de combustible a autoridades y funcionarios de los poderes del Estado para uso particular, Orué comentó que se asegura la provisión del combustible destinado para la misión institucional y no personal.

"Esta propuesta técnicamente es viable, aunque no es la solución, pero es lo que se consensuó. Es más barato también que el financiamiento al fondo de USD 100 millones, pero solo abarca al 14,6% del mercado", recordó.

Orué señaló que el proyecto es consensuado con el Poder Ejecutivo, pero que pertenece inicialmente a la Cámara de Senadores con acuerdo del sector transportista.

Durante el debate, la mayoría de los diputados reconocieron las falencias de la nueva normativa que trata de paliar la crisis por la suba del combustible.

La diputada liberal Celeste Amarilla afirmó que una vez más el Gobierno no sabe qué hacer en una crisis. Aseguró que se trata de una "clara intervención del libre mercado", y dijo que esto es adictivo y se trata de una "medida zurda". La legisladora adelantó su abstención al voto.

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"Esto es muy peligroso. No hay la plata para subsidiar y luego van a subsidiar todo lo que sube de precio. Y esto pasa en un Gobierno inútil que no sabe cómo actuar", cuestionó.

Por su parte, el legislador Édgar Ortiz lamentó que el Gobierno se haya sentado a negociar con los gremios transportistas y no haya acudido a la Cámara Baja y que nuevamente, ante una crisis, solo se favorezca a ciertos sectores. "Es un remiendo más al calzoncillo. Todos los que vienen nos toman del calzoncillo", indicó.

Otros congresistas también hablaron de la falta de previsibilidad y de políticas públicas que hagan frente a este tipo de crisis, considerando que el petróleo es 100% importado y existe una incertidumbre sobre los precios internacionales.

"Es increíble cómo estamos corriendo otra vez detrás de la improvisación, como si esto ya no se sabía el año pasado. ¿Y qué hizo el Gobierno? Absolutamente nada", indicó el senador Sebastián García.

Criticó que a puertas cerradas se haya consensuado un acuerdo con un solo sector y que esta medida abra una ventana para que cada sector afectado por los precios amenace con cerrar rutas y se concedan más subsidios.

La diputada opositora Kattya González calificó como una "emboscada" el documento y aseguró que se trata de una solución vaga y que es una medida improvisada.

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