Frente a ceder la energía a USD 15 el megavatio hora (MWh), casi cualquier precio parece una conquista. Ese es el truco óptico del contrato que el Gobierno y la ANDE celebraron para el centro de IA de Araico/Crusoe.
Recapitulemos. En abril, los decretos 5306 y 5307 fijaron tarifas especiales de hasta 15 años para la IA y el hidrógeno; los ingenieros de la ANDE objetaron que un decreto no puede estar por encima de la ley tarifaria. Vinieron los remiendos (5860 y 5831) y, el 9 de junio, la derogación. Lo que el decreto no logró lo hizo una resolución del 21 de octubre, la P/N 52552 creó una tarifa en dólares para estos centros y, el 22, la ANDE firmó 286 MW con Kuntur SA, controlada por Araico.
Hay algo a favor: el precio se ajusta cada año y exige solvencia y un cliente de clase mundial. El promedio, USD 48,91 por MWh en 220 kV, se presenta como un arreglo más favorable. Pero la comparación con la cesión es la equivocada. Itaipú es apenas un costo del servicio de la ANDE. Nadie le pide a su proveedor que le venda al precio que a él le costó producir. La referencia es el costo del servicio, o sea, la tarifa técnica de 220 kV, USD 44,33. Un hogar de 200 kWh paga unos USD 46 por MWh, la industria USD 35 según el pliego vigente, y los hogares con tarifa social, menos. ¿Por qué un centro de datos pagaría igual o menos?
Se pueden invocar externalidades positivas, pero exigen una demostración sólida para justificar entregar nuestro recurso más valioso y nuestra ventaja competitiva. El empleo y la inversión cuentan, pero se miden contra lo que se resigna. Los data centers usan cerca de 1,5% de la electricidad mundial; Irlanda, con 23%, es la excepción. Y en Paraguay el grupo cripto ya reserva casi 16% de la potencia máxima. No es una porción ínfima, y conviene saberlo antes de sumar a los data centers.
El precio neto. Hoy, la energía que Paraguay no usa se cede a Brasil y el Estado recibe unos USD 15 por MWh. Si este contrato la toma de ese excedente, ese ingreso se pierde. Neto, los USD 48,91 quedan en unos 34, por debajo del costo del servicio (USD 44,33), igual a unos USD 25 millones al año con 286 MW. Es inferencia, sujeta al nuevo Anexo C. La ANDE, en cambio, cobraría más que su costo. Esa compensación la recibe el Estado, no la empresa. Gana la caja de una, pierde la del otro.
Pero se viene algo más grave. Mientras sobra energía, un cliente más sale barato. Cuando se agote, cada megavatio extra vendrá de plantas nuevas, más caras. Ese es el costo incremental, el de abastecer a un cliente adicional. Este contrato adelanta ese momento algo más de un año, y la ANDE lo ubica hacia 2030. Su propio costo medio de generación pasaría de USD 28 a unos USD 50 hacia 2043. Hasta donde sabemos, el contrato ajusta por precios de EE UU, con piso de 2,5%, y prevé revisar el costo de generación cada dos años. Pero abrir una ventana no es prever un costo. Si la revisión no lo traslada, lo subsidiaremos los consumidores. Es como alquilar con ajuste por inflación en un barrio que se encarece más rápido, donde el inquilino gana y el dueño, que somos todos, paga la diferencia.
Hay además una señal. La ANDE dispone de 750 MW y recibió interés por unos 6.000. Cuando la demanda supera ocho veces la oferta, el precio está lejos del equilibrio. ¿Por qué no licitarlo? Una subasta diría cuánto vale ese megavatio, en vez de suponerlo.
Y finalmente, la falta de transparencia. El contrato no es público, y sin él nadie puede verificar la fórmula de revisión ni qué pasa si el costo sube más que la inflación. Un acuerdo que compromete energía de todos debería poder leerse.
Entre un contrato reservado y una subasta pública, la diferencia es el precio. Y lo paga quien no estuvo en la sala.
