12 jul. 2024

El país requiere de una política de transporte público

El transporte público es un servicio esencial para la productividad, la calidad de vida y el ambiente. A pesar de ello, no existe una política pública; solo hay intervenciones aisladas, parciales, coyunturales y reactivas, sin evaluaciones y algunas sin resultados, pero con alto costo económico, como es el caso del fallido Metrobús o el subsidio a transportistas. En este escenario, pierden el sector público y la ciudadanía, mientras que el único ganador pareciera ser que es el sector privado. Esta situación continuará hasta que haya una política pública integral que dé señales claras sobre objetivos, metas y costos en el corto, mediano y largo plazo.

Las recientes negociaciones pareciera que no cambiarán nada. Si bien se levantó el paro con el que amenazaban los transportistas bajo el supuesto de un acuerdo, la información que proveyó el Gobierno en su comunicado oficial solo señala que seguirán las conversaciones mientras que el Gobierno se comprometió, una vez más, a presentar soluciones estructurales a través de una propuesta de política de transporte público. En definitiva, la información existente no nos permite esperar cambios relevantes en el actual modelo de prestación del servicio ni de su financiamiento.

Con el actual servicio de transporte público, se malgastan horas laborales, el trabajador rinde menos, asiste en condiciones que poco favorecen el buen desempeño y se ponen obstáculos a cualquier aumento de la productividad y competitividad.

La ausencia de servicios nocturnos y la falta de previsibilidad en los existentes reducen las oportunidades económicas tanto para quienes buscan empleo como para quienes lo ofrecen. El mercado laboral está creciendo en el sector terciario en servicios hoteleros, centros comerciales y gastronómicos que generan todo tipo de ocupaciones. Sin embargo, la rama que debe funcionar bien de manera complementaria a esta expansión es justamente la que peor desempeño tiene.

A los altos costos económicos y de oportunidad se agregan los efectos negativos en la calidad de vida. Las largas horas en el tránsito para asistir a los establecimientos educativos o a los servicios de salud, la imposibilidad de disfrutar actividades deportivas, culturales o recreativas o las limitaciones para tener vida social o familiar activa llevan a frustraciones y reduce el bienestar en las familias.

Una dimensión que pasa desapercibida muchas veces es el rol que tiene la política de transporte público en la seguridad ciudadana. Ciudades exitosas en la reducción de la delincuencia tuvieron como un componente principal de su estrategia la implementación de sistemas de movilidad.

La mala gestión de la movilidad ciudadana conlleva también altos costos ambientales. La contaminación y el excesivo consumo de energías no renovables son efectos directos.

De la mano de todos estos costos está el desvío de recursos públicos hacia infraestructura para descongestionar el tráfico que generan los vehículos privados como los viaductos y los accesos a los centros urbanos, restando recursos para otras obras que tienen mayor retorno social como los desagües pluviales.

A pesar de los vínculos que tiene la movilidad con la economía y la vida social y del fuerte peso en el costo de vida y, por lo tanto, en la inflación, –después de los alimentos es el rubro más importante en la canasta familiar– no hay una política pública que beneficie a la mayoría.

Luego de las negociaciones, lo único que queda claro es que el sistema seguirá igual en los próximos meses, ya que no se han anunciado cambios importantes. Por lo pronto continuarán el subsidio sin evidencias de que sea costo-efectivo y peor aún sin haberse mejorado la calidad en los últimos años a pesar de la persistencia del aumento en los montos del mismo.

El Gobierno no puede continuar con medidas coyunturales sin evaluar los resultados de las acciones realizadas y sin contar con una propuesta de mediano y largo plazo para cambiar la situación.

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