El Estado paraguayo y sus instituciones deberían actuar con celeridad, eficiencia y mayor compromiso ante el flagelo de la trata de personas, que afecta a cientos de personas y familias de nuestro país. También la sociedad debe tomar conciencia de la situación, ya que no es un fenómeno externo o lejano. Además de sus connotaciones delictivas hay que considerar seriamente los factores como la vulneración de los derechos humanos fundamentales, la explotación laboral, sexual y la privación injusta e ilegal de la libertad.
El Estado paraguayo cuenta con las necesarias herramientas para combatir el delito de la trata de personas. Tenemos una ley, una Política Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas y se ha ratificado también el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), que a su vez complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional lo que suma al país al consenso global que aborda el tema.
El protocolo define la trata como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación...”.
Por otra parte, la Ley Nº 788/12 tipifica el delito en su artículo 5. “El que, con el propósito de someter a otro a régimen de explotación sexual; captare, transportare, trasladare, acogiere o recibiere a la víctima directa, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta ocho años”. La misma pena es para quien someta a un régimen de servidumbre, matrimonio servil, trabajo forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga a la esclavitud.
Sin embargo, pese a las herramientas, la trata se erige como una de las lucrativas puntas del gran iceberg bajo el que se esconden diversas ramas del crimen organizado y tristemente nuestro país es parte de este gran negocio ilegal. Por eso, la Iglesia Católica ha levantado su voz de condena. Concretamente desde el púlpito de Caacupé haciendo un llamado de atención sobre la trata de personas como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Durante la homilía, a cargo del padre Leoncito Vallejos Benítez, integrante del Equipo Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas, sostuvo que no basta con marcos legales si no se destinan recursos ni se fortalecen las instituciones encargadas de combatir este crimen.
Afirmó que la trata de personas es un comercio, una de las formas más inhumanas de explotación que afecta a millones de personas en el mundo, advirtiendo sobre la idea errónea de que este delito solo ocurre fuera del país. “Muchos paraguayos creen que esto no pasa aquí, pero los datos oficiales y las noticias muestran con dureza que Paraguay es un doloroso generador de víctimas de trata”. Con frecuencia se reporta sobre compatriotas rescatados en Brasil, trabajadores explotados en plantaciones rurales, mujeres engañadas a través de redes sociales por falsas propuestas laborales, que terminaron siendo víctimas de explotación sexual.
El sacerdote apuntó a la responsabilidad del Estado, cuestionando la brecha entre las leyes existentes y su aplicación real. “En Paraguay existen leyes, pero no son eficaces. A veces hasta son ficticias, porque no hay presupuesto para prevenir, para acompañar la recuperación de las víctimas y para castigar a los responsables”.
Como ciudadanos debemos ser solidarios con las víctimas, denunciar estas actividades inmorales y estar atentos para prevenir, compartiendo información con familiares y amigos, ya que cualquier persona está en riesgo hoy. Se debe urgir mejor gestión a las instituciones del Estado, pero la sociedad también debe asumir responsabilidad. Debe permanecer alerta para proteger a niños, mujeres y jóvenes. La familia es la institución intermedia más importante entre la posible víctima y sus victimarios, por ello, se deben fortalecer los vínculos y protegerla. La intervención y el reporte ante señales de alarma pueden salvar vidas. Todo, menos la indiferencia y el ocultamiento.
