El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, ha vuelto a ubicar a nuestro país entre los países más corruptos del mundo. En una lista de 182 países analizados, Paraguay ocupa el puesto 150. El gran desafío es mejorar la calidad de vida de la gente y, para ello, según la organización, los gobiernos deben priorizar la lucha contra la corrupción, proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y garantizar un Poder Judicial fuerte e independiente.
La corrupción en el Paraguay es una de las más nefastas herencias de la larga dictadura que soportó el país por 35 años. Es, al mismo tiempo, una de las grandes deudas que mantiene la democracia, con los paraguayos y paraguayas.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, nuestro país mantuvo la misma posición del informe del año pasado, en el puesto 150, de los 182 países analizados: Paraguay recibió una calificación de 24 puntos, los mismos que Bangladés y República Centroafricana. Transparencia afirma que 12 de los 33 países de América han empeorado considerablemente desde el 2012, por la inacción gubernamental que erosionó la democracia y permitió el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando a las personas al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad.
La corrupción es un problema concreto que tiene serias repercusiones en la vida de la población, no se trata exclusivamente de una cuestión económica o financiera. Cuando se desvían recursos públicos, eso tiene como consecuencia que haya menos dinero para invertir en salud, educación, infraestructura, seguridad, etc. Por eso se dice que la corrupción es un crimen contra el pueblo. Y como suelen apuntar los expertos, supone asimismo un problema político, pues genera desconfianza en las instituciones y en la democracia; recordemos el dato del Latinobarómetro 2024 que señala que Paraguay se encuentra entre los países con menor confianza en las instituciones públicas, Policía, Parlamento y Justicia.
La Justicia es uno de los puntos más débiles y de los que colaboran con la corrupción pública a través de las chicanas judiciales y las demoras. Precisamente había denunciado la Coordinadora de Abogados del Paraguay, en una nota a la Corte Suprema de Justicia, que la impunidad, la burocracia y la lentitud de la Justicia le cuestan al erario público más de G. 9 billones o unos USD 1.300 millones.
La Contraloría General de la República, por su parte, había remitido al Ministerio Público 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, que en total suman en daño patrimonial G. 1,2 billones.
Desde la perspectiva económica nuestro país es frecuentemente señalado como atrayente para las inversiones del capital extranjero; sin embargo, aún persisten trabas que generan dudas en los inversionistas, como la burocracia, la inseguridad jurídica y la corrupción, lo que afecta la credibilidad y la previsibilidad del país.
La gran responsabilidad, de que esta situación no cambie, y que año a año el país siga apareciendo en una posición vergonzosa en el índice de corrupción, es política. Es importante mencionar el papel que ha desempeñado el Parlamento para ayudar a la impunidad. Uno de estos casos es la Ley de Conflicto de Intereses, que había sido promulgada por Mario Abdo Benítez en 2023 y luego modificada por iniciativa de Santiago Peña, y, mediante los votos colorados y sus aliados, quedó prácticamente desfigurada. Otro ejemplo es el proyecto de modificación del Código Penal, con el propósito de evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia. El diputado Daniel Centurión había presentado un proyecto en el que se planteaba que la corrupción estuviera en el mismo nivel del homicidio, abuso y narcotráfico. El sector cartista de diputados y sus satélites votaron en contra.
Es un gran desafío para el país recuperar los valores, la confianza en las autoridades y funcionarios, y reforzar la confianza de la gente en el sistema democrático.
